La medida responde al reclamo por el financiamiento del sistema y por la situación salarial de los trabajadores académicos.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto en todas las universidades públicas del país. La medida responde al reclamo por el financiamiento del sistema y por la situación salarial de los trabajadores académicos, en un conflicto que combina demandas gremiales, judiciales y políticas alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario.
La huelga fue ratificada por distintos sindicatos, entre ellos FEDUBA, y se da en un contexto de fuerte tensión con el Poder Ejecutivo. Uno de los principales puntos de la disputa es la falta de transferencias presupuestarias a las casas de estudio, pese a que existen fallos judiciales que ordenan cumplir con lo establecido por la legislación ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
La ausencia de esos recursos afecta directamente el funcionamiento de las universidades públicas y repercute en áreas sensibles como los salarios del personal académico y las becas estudiantiles. Los gremios advierten que la situación compromete la continuidad de programas esenciales y pone en riesgo la calidad educativa.
El reclamo salarial ocupa un lugar central en la convocatoria. La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones otorgadas en los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin reapertura de la paritaria. Además, sostienen que esos incrementos quedaron muy por debajo de la inflación acumulada. Según estimaciones gremiales, los trabajadores universitarios perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, y para recuperar el nivel de compra de aquel momento sería necesario un aumento superior al 50%.
El deterioro golpea con mayor fuerza a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas, aunque también afecta a los docentes con cargos de dedicación exclusiva. A esto se suma la preocupación por la migración de investigadores y profesores altamente calificados hacia el sector privado o instituciones del exterior, lo que genera un drenaje de recursos humanos que impacta en la producción científica y tecnológica nacional.
