La central obrera apunta contra el superintendente de Salud y presiona al Gobierno por cambios en el manejo de las obras sociales intervenidas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza con la preparación de una nueva denuncia penal contra Claudio Stivelman, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Tras semanas sin avances en las negociaciones, la central también pidió al ministro de Salud, Mario Lugones, que lo aparte del cargo.
El malestar sindical se profundizó por lo que consideran una falta de respuesta del Estado en áreas sensibles, como el financiamiento de prestaciones para discapacidad -incluyendo educación y transporte-, sumado al impacto de la pérdida del poder adquisitivo. Este escenario terminó por agotar la paciencia de los dirigentes, que ahora buscan su desplazamiento.
Asimismo, según el portal Mundo Gremial, se impulsa una presentación ante la Justicia Federal que sería formalizada en los próximos días. La denuncia apuntaría a posibles delitos contra la administración pública y pondría la lupa sobre el funcionamiento interno del sistema, con foco en eventuales incompatibilidades y conflictos de intereses.
Uno de los puntos centrales del planteo es la designación de Gonzalo Mujico como gerente de compras de medicamentos en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), actualmente intervenida. Según trascendió, también se habría sumado gente de su entorno cercano, incluida su pareja como secretaria, lo que alimenta sospechas sobre criterios de selección y el esquema de adquisiciones.
Además, Mujico habría tenido vínculos previos con la empresa Modum SA, al igual que Stivelman, lo que refuerza las dudas sobre la relación entre ambos. A esto se suma que el funcionario también tendría funciones en otra entidad intervenida, la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo.
Desde la CGT sostienen que estas situaciones evidencian una posible concentración de decisiones dentro de un mismo círculo y no descartan que exista un armado que deba ser investigado. Por eso, la denuncia buscará que la Justicia determine si hubo irregularidades en el manejo de las obras sociales bajo intervención.
