El jefe de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, expuso un panorama severo sobre la administración de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo hizo en medio de la disputa entre el Gobierno y Claudio Tapia, un conflicto que escaló mientras crecían las denuncias sobre el patrimonio del dirigente y las pesquisas sobre su entorno. Pese a ese escenario, Vitolo negó cualquier posibilidad de intervención. La decisión generó dudas dentro y fuera del fútbol, ya que las irregularidades quedaron confirmadas, pero no aparecieron acciones concretas.

Vitolo sostuvo que “la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar”. Presentó esa afirmación como parte de una serie de observaciones que ya se acumulaban en el organismo desde hacía tiempo. Señaló que la conducción del fútbol argentino omitió información clave, ocultó movimientos y no respondió pedidos formales. Afirmó además que las autoridades buscaron instalarse en la provincia de Buenos Aires sin completar los requisitos legales para ese cambio.

El funcionario explicó que “la AFA mudó la sede a provincia, pero no lo puede efectivizar”. Indicó que la organización quedó en una situación irregular porque no presentó la reforma estatutaria necesaria para oficializar el traslado. Marcó que esa falta provocó un vacío jurídico que impidió aprobar balances y supervisar gastos. Añadió que un juez podía intervenir en la causa si avanzaban las investigaciones por lavado, ya que “se están dando causas donde se investiga lavado de dinero”.

El titular de la IGJ remarcó que la institución celebró una asamblea fuera de su jurisdicción. Según sus palabras, “se llevó a cabo sin avisarnos, fuera de nuestra jurisdicción”. Esa maniobra profundizó la discusión sobre el control administrativo y alimentó la sospecha de que la conducción pretendió evadir la supervisión estatal.

Vitolo también detalló gastos que quedaron sin explicación. Indicó que existieron pagos vinculados a jugadores, hoteles y aportes internacionales que alcanzaron cifras muy elevadas. Marcó que “la AFA tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares” y añadió que la Superliga debía aclarar el uso de otros 348 millones de dólares. Planteó que si ese organismo solo comercializaba derechos de televisión, perdía su razón de ser como asociación sin fines de lucro.

El funcionario expuso la falta de colaboración de la dirigencia. Señaló que la AFA no remitió datos básicos sobre los ingresos de cada club. En ese contexto afirmó: “¿Cómo puedo hacer yo un control si no me dicen qué recibió cada club?”. Explicó que esa omisión trabó la revisión contable y mantuvo abiertos todos los ejercicios. A eso le sumó otro mensaje directo: “Si la AFA quiere mudarse, que se mude. Pero para abandonar una jurisdicción que está controlándola, no podemos dejarlos ir y que esto quede en la nebulosa”.

Pese a todas esas observaciones, el funcionario aseguró que no existía ningún plan de intervención. Sostuvo que “la AFA puede ser sujeto de intervención como cualquier otra asociación”, aunque aclaró que “nadie del Ministerio de Justicia está pensando en una intervención”. Con esa definición, el conflicto quedó en un punto intermedio: el Estado exhibió las falencias, pero evitó cualquier resolución de fondo.

En ese marco creció la incógnita sobre el objetivo político del Gobierno. Javier Milei utilizó la red social X para amplificar disputas entre clubes y direccionó parte de la agenda pública hacia el fútbol. Lo hizo mientras se conocían irregularidades en otros frentes oficiales. La exposición de la AFA se convirtió así en una herramienta para tensar la discusión pública, aunque el control institucional quedó sin medidas efectivas.