
El gobernador Axel Kicillof oficializó la creación de un órgano que monitoreará los riesgos socioambientales asociados a la explotación del suelo bonaerense.
En una medida destinada a fortalecer el control sobre actividades extractivas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dispuso la conformación de la Mesa Interministerial de Seguridad Socioambiental para Aperturas de Suelo. El anuncio se realizó mediante la Resolución N° 95, publicada en el Boletín Oficial.
Según detalla la normativa, el objetivo de la iniciativa es «prevenir y monitorear los riesgos derivados de la habilitación, explotación, cierre y posterior uso de aperturas de suelo en territorio provincial». Las denominadas aperturas de suelo incluyen áreas impactadas por diversas actividades extractivas, las cuales presentan características variables en cuanto a su profundidad, presencia de agua, tipo de suelo o vegetación.
Entre las principales tareas de la Mesa figura la creación de un índice de peligrosidad para aperturas de suelo, la administración de un registro unificado de estas actividades y el desarrollo de programas para mitigar riesgos ambientales y sociales. También se buscará producir diagnósticos integrales, establecer procedimientos comunes para recolectar y actualizar información, y elaborar un digesto normativo específico.
La estructura interministerial
La Mesa Interministerial estará integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Agua, además de cualquier organismo que en el futuro asuma competencias en la materia. Estos entes serán responsables de coordinar de manera conjunta las actividades de la Mesa.
Dentro de esta estructura, se destacan las siguientes áreas de representación
- La Subsecretaría de Emergencias, por el Ministerio de Seguridad.
- La Subsecretaría de Minería, por el Ministerio de Producción.
- La Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, por el Ministerio de Ambiente.
- La Autoridad del Agua.
Además, la normativa permite que otros ministerios o dependencias gubernamentales se sumen a las acciones conjuntas cuando su intervención sea pertinente para cumplir los fines de la Mesa.
Asimismo, se impulsará la colaboración con municipios y otras instancias de gobierno nacional para implementar estrategias locales que minimicen el impacto ambiental y protejan a las comunidades cercanas a estas operaciones extractivas.
Finalmente, la Mesa generará informes periódicos sobre sus acciones y resultados, promoviendo la transparencia y evaluación continua de su desempeño.