Tras la derogación del protocolo de aborto no punible que realizó el presidente Mauricio Macri y tras la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, el equipo de trabajo del electo gobernador Axel Kicillof confirmó que una de las primeras medidas será aplicar el protocolo ILE en la provincia de Buenos Aires.

Dicha decisión lo despega de manera directa con la gestión de la gobernadora saliente María Eugenia Vidal, quien justamente nunca adhirió ni aplicó el protocolo de aborto no punible que regía en Nación.

En el 2016 la ministra de Salud provincia, Zulema Ortiz, generó una resolución ministerial para la adhesión al protocolo pero este fue vetado por Vidal mediante un decreto. Dicha funcionaria renunció en el 2017 y por más que su justificación estuvo vinculada a “situaciones personales”, se sospechó que la verdadera causa fue haberse adherido “sin consulta”.

Dentro del equipo de Cambiemos en PBA se vio injerencia de funcionarios ligados al Opus Dei, como el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre; sectores de la iglesia y las creencias de la propia ex vicejefa porteña.

Con la derogación del protocolo impulsado por Ortiz, se vuelve al protocolo vigente de Alejandro Collia en 2012, que establece lineamientos generales para la interrupción legal del embarazo en los términos planteados por la Corte Suprema. Pero la resolución de Ortiz tenía que ver con la inclusión de las salas de atención primaria dentro del espectro de instituciones que podían realizar el protocolo.

Luego del 2018, tras la postura pública a favor del pañuelo celeste del PRO, se terminó de confirmar la causa por la cual Ortiz tuvo la salida de su cargo.