Mientras Javier Milei avanza en los ajustes finales de un veto diseñado para satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), los datos oficiales revelan que las leyes aprobadas que benefician a jubilados y personas con discapacidad implican un gasto mucho menor al que declara el Gobierno. Incluso, podrían implementarse sin poner en riesgo el superávit fiscal.

El pasado 11 de julio, el Senado dio luz verde a tres iniciativas clave: la suba de haberes previsionales y del bono, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Además, se otorgó media sanción a otras dos propuestas impulsadas por gobernadores: el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los tributos sobre los combustibles.

Desde antes de que se debatieran los proyectos, Milei ya había advertido que vetaría cualquier norma que pusiera en peligro el objetivo fiscal de este año, postura que reafirmó luego de la votación. Incluso advirtió que llevaría el asunto a la Justicia si el Congreso llegara a revertir su veto.

En ese contexto, Luis Caputo, ministro de Economía, aseguró que el conjunto de medidas representaría un gasto equivalente al 2,5% del PBI. Sin embargo, el Palacio de Hacienda no brindó detalles sobre cómo se construyó ese número ni si incluye también los proyectos promovidos por los gobernadores.

Lo que realmente costarían las medidas votadas

La cifra difundida por Caputo forma parte de la narrativa oficial que busca justificar el veto presidencial apelando a la necesidad de cumplir con el objetivo fiscal acordado con el FMI, que fija un superávit del 1,6% del PBI para 2025.

Sin embargo, documentos oficiales muestran que ese número está sobredimensionado. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a pedido de Ezequiel Atauche, titular libertario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presentó nuevas estimaciones sobre el costo fiscal de las medidas.

Para el período agosto-diciembre de 2025, la OPC calculó que el aumento del 7,2% en jubilaciones representaría un gasto del 0,2% del PBI, dato que no figuraba en el informe anterior de mayo.

En paralelo, el incremento del bono hasta los 110.000 pesos tendría un impacto de solo 0,12% del PBI en el mismo período, una estimación incluso más conservadora que la anterior, donde un bono de 105.000 pesos implicaba un 0,14% del PBI. Así, combinando ambas medidas, el costo total sería del 0,32% del PBI para lo que resta del año.

Por su parte, la continuidad de la moratoria previsional —vencida en marzo— tendría un impacto aún más reducido: 0,094% del PBI en su primer año, apenas por encima del 0,084% estimado previamente.

En conjunto, el paquete previsional —aumento de haberes, bono y prórroga de la moratoria— implicaría un gasto de 0,41% del PBI.

Respecto a la emergencia en discapacidad, se calcula un costo de entre 0,25% y 0,48% del PBI por las nuevas altas en pensiones no contributivas. A eso se suma un 0,03% extra por la «compensación de emergencia a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral». El total, entonces, rondaría un máximo de 0,51% del PBI.

¿El FMI o los sectores más vulnerables? El rumbo ya está trazado

En resumen, los propios datos del Congreso indican que la implementación de todo el paquete de leyes votado hace diez días costaría, como máximo, un 0,92% del PBI.

Esto no solo es muy inferior al 2,5% anunciado por Caputo, sino que, considerando la meta oficial del 1,6% de superávit, el Gobierno podría aplicar estas medidas sin renunciar a su objetivo, quedando aún con un margen del 0,68% del PBI.

Incluso sumando los proyectos con media sanción —los vinculados a los ATN y a los impuestos sobre combustibles— el equilibrio fiscal seguiría siendo posible. Según un estudio del IARAF, la distribución de los ATN implicaría un gasto del 0,05% del PBI y el reparto de los impuestos al combustible, un 0,18%. En total, el paquete completo alcanzaría un 1,15% del PBI.

Y aún hay más: la ley que contempla el aumento previsional incluye mecanismos de financiamiento por el 0,39% del PBI. Si se consideran esos recursos, el costo neto del conjunto de leyes bajaría al 0,53%, lo que permitiría alcanzar más de un punto de superávit.

La conclusión parece inevitable: más allá de los números, el Gobierno ya definió su prioridad. La decisión política es clara: cumplir con el compromiso ante el FMI y enviar una señal contundente a los mercados de que no se financiará al Tesoro con emisión monetaria, incluso si eso implica vetar beneficios para jubilados y personas con discapacidad.

Detalle del impacto fiscal según la OPC:

Leyes previsionales:

• Aumento del 7,2% en jubilaciones: 0,2% del PBI
• Bono de $110.000: 0,12% del PBI
• Moratoria previsional: 0,094% del PBI
• Total previsional: 0,41% del PBI

Emergencia en discapacidad:

• Nuevas altas en PNC: entre 0,25% y 0,48% del PBI
• Compensación a prestadores: 0,03% del PBI
• Total discapacidad: 0,51% del PBI

Total paquete aprobado por el Senado: 0,92% del PBI
Total incluyendo coparticipación de ATN e impuestos a los combustibles (según IARAF): 1,15% del PBI