Javier Milei enfrenta tres jornadas clave en el Congreso, donde definirá si el recinto permanecerá activo durante el verano. Hasta el momento, el Presidente puede presumir de dos logros importantes este año: la aprobación de las leyes fundamentales para su gestión, como las Bases y la reforma fiscal, y la consolidación de una polarización ideológica en el ámbito legislativo entre izquierda y derecha, o algo similar.

Sin embargo, también enfrenta contratiempos significativos. Las mayorías opositoras, aunque incapaces de bloquear las leyes clave, demostraron su capacidad para anular decretos. Un ejemplo claro fue la derogación del decreto que incrementaba en $100 mil millones los fondos reservados de la SIDE, una situación en la que Milei no tuvo más remedio que retroceder.

Para debilitar a la oposición más férrea, el Presidente apuesta por buscar apoyo de los gobernadores cuyos legisladores integran bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia Por Siempre, la nueva bancada radical.

Hasta el momento, Milei parece haber manejado este juego con habilidad, logrando ganar tiempo y evitar nuevas derrotas. No obstante, en los últimos días del período ordinario, deberá reafirmar su influencia sobre los gobernadores sin recurrir a recursos financieros y, a la vez, demostrar que es posible manejar el país sin un presupuesto aprobado para 2025 sin comprometer la estabilidad económica. Otro desafío crucial será frenar la agenda de proyectos que la oposición intentará impulsar antes de diciembre.

En el Senado, la estrategia del Gobierno es clara: mantener el recinto cerrado, salvo que logren los votos necesarios para aprobar los pliegos relacionados con la Corte.

 

La negociación por el Presupuesto 2025 sigue estancada, con pocos avances y un ambiente de desencuentro constante. Los gobernadores vinculados a Juntos por el Cambio –un frente electoral sin cohesión orgánica en el Congreso, disperso en múltiples bloques– lograron consensuar cinco demandas principales. Sin embargo, su estrategia se topó con obstáculos, generando confusión y frustración en sus filas. A pesar de haber diseñado propuestas que consideran inevitables para Milei, como la transferencia de remanentes de los ATN, las deudas del Pacto Fiscal 2017, las obras públicas comprometidas y las obligaciones previsionales, no obtuvieron resultados.

Los ministros provinciales confiaban en que el Presidente cedería, dado que estos temas, en teoría, no comprometerían la meta de equilibrio fiscal. No obstante, los gobernadores de JxC ampliaron sus exigencias, añadiendo la coparticipación del impuesto a los combustibles y de los recursos destinados a la escindida ex-AFIP, lo que terminó por complicar aún más las negociaciones.

El resultado fue adverso. Milei calculó que satisfacer estas demandas implicaría un costo fiscal de 3700 millones de dólares, cifra que no está dispuesto a asumir. En su lugar, buscará mecanismos contables para retener esos fondos. Además, el mandatario proyectó que las provincias recibirán unos 17 mil millones de dólares en concepto de coparticipación si la economía alcanza un crecimiento del 5%, un monto que no depende de la aprobación del Presupuesto.

Este conjunto de reclamos también fortaleció la posición de Santiago Caputo frente a Guillermo Francos, quien representa una postura más negociadora. Caputo, uno de los asesores más influyentes de Milei, volvió a demostrar su habilidad estratégica, similar a cuando consiguió retirar la ley Bases en febrero. Meses después, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior lograron los votos necesarios para aprobarla en ambas cámaras. Es posible que el Presupuesto siga un camino similar.

 

El viernes 15, tras analizar las demandas presentadas por los gobernadores, Santiago Caputo tomó una decisión estratégica. Convocó a Martín Menem y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para darles una instrucción precisa: cancelar la reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados, que estaba programada para el martes siguiente a las 15 horas. Con esta maniobra, bloqueó la posibilidad de que los mandatarios firmaran dictámenes y convocaran a una sesión el jueves. La respuesta, tan simple como efectiva, dejó descolocados a los gobernadores y debilitó la figura de Guillermo Francos, el principal enlace entre ellos y la Casa Rosada.

En el Gobierno, se consideraron los posibles escenarios que una ruptura con las provincias podría generar. Aunque Milei sigue valorando la importancia de contar con un Presupuesto aprobado, la mejora en los indicadores financieros lo llevó a contemplar la opción de prorrogar el vigente, confiando en que esta medida no impactará negativamente en los mercados, el termómetro con el que mide su gestión. “Los actores económicos confían en él. Eso es suficiente”, aseguran desde el círculo más cercano al Presidente.

El mal paso de los gobernadores con vínculos en Juntos por el Cambio generó tensiones con los líderes legislativos. Estos últimos, que habían frenado amenazas en los recintos esperando un acuerdo, se encontraron de pronto con un quiebre inesperado. “Les dan a elegir entre látigo o látigo”, ironizan las autoridades de los bloques legislativos.

En el Congreso, la percepción es clara: este grupo de gobernadores, que buscaban fortalecerse bajo la sombra de un debilitado JxC, termina mostrando grietas debido a la falta de liderazgo y las mutuas desconfianzas. “Todos sospechan que el otro está negociando por su cuenta, lo que enfría los intentos de presión en el Congreso. Así pasó el tiempo, mientras el Gobierno evitaba ofrecer nada”, comentan quienes siguen de cerca las negociaciones.

 

Las conversaciones con Carlos Guberman a través de mensajes de WhatsApp fueron tensas durante el fin de semana largo. Mientras las decisiones clave ya estaban tomadas sin que la oposición lo sospechara, el secretario de Hacienda mostraba una notable preocupación por no comprometer el equilibrio fiscal. En las provincias, el mensaje no fue claro hasta que el diputado José Luis Espert, en una conferencia, confirmó la suspensión de la reunión de la comisión de Presupuesto.

La noticia generó confusión absoluta. Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y referente de la UCR, propuso organizar una reunión virtual para el miércoles con otros gobernadores y los jefes de bloque legislativos. Ese día coincidía con una sesión programada en Diputados y con el vencimiento del plazo para emitir dictamen. Algunos legisladores consideraban que, de lograrse el cuórum, podrían forzar la reactivación de la comisión de Presupuesto y emitir un dictamen, pero la decisión final quedó en el aire.

Durante el encuentro virtual tampoco se alcanzaron resoluciones concretas. La única expectativa que quedó en pie fue la posibilidad de que el Gobierno convocara a los gobernadores a una reunión el lunes en la Casa Rosada, donde podrían discutir el Presupuesto y reanudar el proceso legislativo.

 

“Queremos hablar con los dos Caputos”, expresó Alfredo Cornejo, en referencia a Toto, el ministro de Economía, y Santiago, el principal asesor de Javier Milei. El mandatario mendocino, considerado el gobernador más cercano al oficialismo, incluso había sido propuesto por Guillermo Francos como posible coordinador del Pacto de Mayo.

Sin embargo, durante el fin de semana, ni el ministro del Interior ni ningún funcionario de la Casa Rosada confirmó una eventual reunión con los gobernadores. Por el momento, los canales de comunicación permanecen interrumpidos, dejando a los líderes provinciales sin respuesta y a sus contactos legislativos en un estado de inacción.

La oposición más intransigente en la Cámara de Diputados tiene dos oportunidades para desafiar a Javier Milei durante la última semana de sesiones ordinarias. La primera será este martes, con una nueva convocatoria para debatir el DNU 846, que flexibiliza las condiciones para el canje de deuda.

Un intento similar ya fracasó el 12 de este mes, cuando varios gobernadores se opusieron a la propuesta, y hasta ahora no han mostrado compromiso para el próximo debate. Si la Cámara baja rechaza el decreto, las consecuencias serían significativas para Milei: su estrategia financiera quedaría supeditada a la aprobación del Presupuesto. Además, la derogación del DNU podría concretarse esta misma semana, ya que, de ser rechazado el martes, Unión por la Patria planea llevar la discusión al Senado el jueves en una sesión ordinaria.

La segunda opción de la oposición dura es impulsar la prórroga de las sesiones ordinarias. Este proyecto, presentado por el nuevo bloque radical en Diputados, se basa en un antecedente del Senado en 2001 y, según análisis de juristas cercanos al oficialismo, podría estar respaldado por los reglamentos legislativos.

Si se extienden las sesiones ordinarias, sería un golpe considerable para Milei. Como cualquier presidente en minoría, él prefiere un verano con sesiones extraordinarias controladas, donde pueda imponer un temario propio. Hasta ahora, sus prioridades incluyen la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento de partidos políticos, con los que busca generar fracturas en los bloques opositores. Sin embargo, habrá que esperar al viernes para saber si enfrenta otras urgencias.

En paralelo, los gobernadores que mantienen una postura más dialoguista no descartan pedir a sus referentes que convoquen a una sesión en Diputados para tratar el Presupuesto la próxima semana. Sin un dictamen previo, su aprobación requeriría dos tercios de los votos, un objetivo factible para la oposición incluso sin el apoyo de La Libertad Avanza y el PRO, siempre que la Casa Rosada no logre dividir nuevamente los bloques. Una movida así sería el punto de quiebre definitivo.

La última semana legislativa en la Cámara de Diputados estará marcada por enfrentamientos en torno a proyectos que llevan meses estancados. Uno de los temas centrales será la reforma sindical, que no logró reunir la mayoría de firmas necesarias para ser dictaminada el martes pasado.

Un factor clave que impidió alcanzar las 16 rúbricas fue la participación de Pichetto en el debate. La propuesta, impulsada por el radical Martín Tetaz, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, llevó a este último a solicitar una sesión para el martes. Tetaz argumenta que el artículo 228 del reglamento permite tratar el despacho presentado, incluso si cuenta con menos de la mitad más uno de las firmas de los miembros. Si consigue el quórum, la decisión final recaerá en Martín Menem, quien deberá resolver este nuevo desafío jurídico.

Por otro lado, el jueves está previsto el tratamiento de la ley Ficha Limpia, que busca prohibir las candidaturas de personas condenadas por corrupción, incluso sin sentencia firme. Este proyecto no pudo ser debatido el miércoles pasado debido a la falta de un solo voto para habilitar la sesión en el recinto.

Hasta minutos antes de la hora pautada para la sesión, parecía imposible alcanzar el quórum, ya que Encuentro Federal (EF) y Democracia Por Siempre (DPS) intentaban bloquear la convocatoria como respuesta a la reciente caída del Presupuesto. Sin embargo, las tensiones no se sostuvieron. Facundo Manes logró alinear a la UCR blue, mientras que Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy convencieron a los federales. Nadie quería asumir el costo político de ser señalado como colaborador de Cristina Fernández de Kirchner, quien no podría competir en 2025 si la ley Ficha Limpia entra en vigor.

Si EF y DPS mantienen la postura de la semana anterior, es probable que este jueves se alcance el quórum. Sin embargo, el resultado del debate es incierto. Si los partidos provinciales se alinean con Unión por la Patria en el rechazo al proyecto, el PRO podría verse obligado a aceptar las enmiendas propuestas por el grupo de Manes. Estas modificaciones incluirían la ampliación de los delitos contemplados para la proscripción electoral y la aplicación de la norma desde la condena en primera instancia.

El miércoles será el turno de los dictámenes relacionados con medidas para combatir la ludopatía, que incluyen restricciones significativas a la publicidad del juego. Este tema ha desatado una intensa lucha de lobbies, que amenaza con convertir al Congreso en una suerte de Legislatura provincial. La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) envió una carta a los presidentes de bloque el viernes, solicitando que se frene el debate.

Los actores del sector del juego argumentan que las medidas propuestas atentan contra las autonomías provinciales, lo que consideran inadmisible en el Congreso. La carta de ALEA contiene una afirmación que no pasó desapercibida: “La limitación de la publicidad limita la posibilidad de informar sobre el juego responsable”, declararon los operadores de bingos estatales.

Otro actor que interviene en el debate es el sector de las plataformas digitales, que buscan proteger su capacidad para promover las apuestas online. Argumentan que esta actividad forma parte de la libertad de expresión. Este planteo fue incluido en el dictamen de minoría presentado por la UCR, el PRO y La Libertad Avanza. Esta posición generó una acalorada discusión en la comisión entre Silvana Giudici (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La confrontación ahora se trasladará al recinto.

Con la relación entre Villarruel y Milei en un punto de ruptura irreversible, el Senado enfrentará su última semana de sesiones con tensos enfrentamientos entre los distintos bloques. El miércoles, Guillermo Francos hará su debut en el recinto al presentar un informe de gestión, en el que deberá responder a más de mil preguntas formuladas por senadores y senadoras.

La falta de diálogo entre el Gobierno y la vicepresidenta, sumada a la fragmentación en todos los bloques, ha impedido la realización de sesiones durante los últimos dos meses. Si el jueves Villarruel decide no convocar al recinto, los dictámenes emitidos en las semanas recientes quedarán archivados. Esta situación, lejos de incomodar al oficialismo, parece convenirle, ya que prefiere mantener el escenario actual sin mayores movimientos.

Unión por la Patria (UP) tiene la intención de sesionar, ya que considera que, dado que los jueves a las 14 horas están citadas las sesiones ordinarias, el recinto debe abrirse. Más allá del debate reglamentario sobre el procedimiento, si existe una mayoría dispuesta a avanzar, Villarruel tendrá pocas posibilidades de bloquear la sesión. Los presidentes de bloque podrían dirigirse a su despacho para forzar una convocatoria a Labor Parlamentaria, lo que sería un escándalo. En estos días, algunos oficialistas tendrán que lidiar con el resto de los bloques para resistir esta presión.

En caso de que la sesión se lleve a cabo, podrían aprobarse dos proyectos que no están en los planes de Milei: la Ley Nicolás, que busca garantizar una atención sanitaria segura, y el reconocimiento a los acompañantes terapéuticos. Los libertarios no tienen claro si estas iniciativas implican un gasto adicional y prefieren que sigan sin tratarse.

Sin embargo, lo que pondría en una situación aún más complicada al oficialismo sería que UP aproveche la sesión para pedir la derogación del DNU 846. Si el rechazo al decreto se concretara el martes en Diputados, la presión del peronismo sería insostenible. Necesitarían cuatro votos para alcanzar la mayoría y ya cuentan con los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, al menos.

El oficialismo también ha perdido un aliado dentro de la UCR que podría haber sumado 37 votos para imponer un temario propio. En este contexto, prefieren evitar una sesión, a menos que se logre un acuerdo para nombrar a un nuevo juez de la Corte Suprema. El candidato con más posibilidades es Ariel Lijo. Este viernes, desde la Casa Rosada, se filtró que Lucía Corpacci, de UP y cercana a Cristina Fernández de Kirchner, firmó el despacho, aunque aún no reúne las firmas necesarias para ser presentado. La expresidenta está dispuesta a respaldar el despacho y aportar los votos en el recinto, siempre que se le garantice el nombramiento de una mujer en lugar de Manuel García-Mansilla. Esta negociación quedará para diciembre.