En la última sesión del año, el Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Pablo Descalzo. La votación se dio con mayoría del oficialismo peronista, mientras que los bloques opositores —entre ellos el espacio libertario y el PRO— se manifestaron en contra, denunciando un esquema de gastos “improductivo” y un fuerte peso de la estructura política sobre los recursos municipales.

El cálculo de recursos y gastos para 2026 se fijó en torno a 87.500 millones de pesos, una cifra que resulta inferior al presupuesto ejecutado en 2025, pese a que durante este año las tasas municipales aumentaron un 34% y se prevé otro incremento del 25% en enero. Según datos oficiales, solo en el primer semestre de 2025 se gastaron más de 51.000 millones, lo que alimenta las críticas sobre un ajuste nominal y la subestimación de las necesidades reales.

Días antes, el Concejo había aprobado la Ordenanza Fiscal e Impositiva, que habilita los aumentos de tasas y constituye la base para la discusión presupuestaria. Con este marco, el oficialismo avanzó en la sanción del cálculo de recursos, en un contexto de tensiones por el impacto que tendrá en los vecinos y en los servicios municipales.

El concejal Cristian Lanaro, del PRO, cuestionó que más del 60% del presupuesto se destine a sueldos, sosteniendo que se trata de un gasto improductivo que no mejora los servicios públicos. Además, se denunció que el intendente representa un costo anual de 62 millones de pesos para el Municipio.

En paralelo, organizaciones vecinales como la Asociación de Vecinos de Parque Leloir expresaron su repudio a la cesión de terrenos fiscales para emprendimientos privados, como el estacionamiento subterráneo en la Plaza 20 de Febrero, que permanecerá clausurada por dos años.

El presupuesto aprobado incluye la autorización al Ejecutivo para hacer uso transitorio de recursos afectados, con el objetivo de cubrir apremios financieros. La oposición advierte que este mecanismo abre la puerta a discrecionalidad en el manejo de fondos.

El oficialismo, por su parte, defendió la iniciativa como necesaria para garantizar la continuidad de la gestión y cerrar el déficit heredado.