Nadie debiera estar sorprendido: esto sucede desde 2007 y es consecuencia lógica de la desinversión pública de los últimos años en infraestructura productiva fundamental, indispensable para que nuestra economía agroindustrial pueda retomar la senda perdida de crecimiento. Hoy tenemos que hablar de casi 13 millones de hectáreas afectadas sólo en la provincia de Buenos Aires con pérdidas económicas estimadas en no menos de 11.000 millones de pesos, entre afectación de cosecha fina, siembra gruesa, pasturas, tambos y mortandad de ganado.

Según fuentes del sector, por las dificultades para sembrar en campos anegados podría perderse en esta campaña hasta un 25% de la cosecha de maíz y un 10% de la de soja, situación que podría agravarse aún más de persistir condiciones climáticas adversas.

Al inicio del período de sesiones ordinarias del corriente año, he presentado dos pedidos de informes al Ejecutivo nacional en relación a la problemática que se plantea por la falta de obras hídricas y nulo acompañamiento por desastres climatológicos. Éstas fueron sistemáticamente bloqueadas por el oficialismo.

El 27 de junio, al producirse las inundaciones, dichos pedidos de informes fueron reiterados en una sesión informativa del Jefe de Gabinete ante el Congreso. Por supuesto, inútilmente.

Claro está que, en lugar de mitigar consecuencias, siempre es mejor prevenir trabajando sobre las causas. Es por ello que, hemos insistido en la importancia de concluir las obras pendientes. Ya no por generosidad, sino por su propio interés, el gobierno nacional debiera contribuir a finalizar estas obras. El sector agropecuario es un factor clave para la performance de nuestra economía e importante generador de recursos fiscales.

Las pérdidas que se proyectan sólo por esta inundación superan holgadamente lo que debería haberse invertido para concluir totalmente las obras pendientes del referido "Plan Maestro", solucionando de forma permanente el problema. Claramente, el análisis costo-beneficio no cierra.

Durante la discusión de la Ley de Presupuesto Nacional 2013, por la cual se prorrogó por seis años -hasta el 31 de diciembre de 2035- el impuesto a los combustibles que financia el Fondo de Infraestructura Hídrica, se planteó -sin éxito- modificar la afectación vigente de los recursos de este Fondo, restituyendo la finalidad originalmente dada a los mismos para el desarrollo de obras de infraestructura hídrica en áreas rurales.

A partir de 2007, como revela la información de la Ucofin, se produce el financiamiento de obras hídricas urbanas a expensas de aquéllas en áreas productivas rurales. Esto impactó fundamentalmente en la ejecución de las obras pendientes en la Cuenca del Río Salado.

De poco sirve destinar fondos a desagües pluviales en áreas urbanas si no se resuelven primero las obras más importantes en las áreas rurales, que son precisamente aquéllas que evitarán las grandes inundaciones que afectan actualmente a toda la región sin distinción.

La provincia de Buenos Aires, como lo señalara Ameghino, ha entrado en un período húmedo. Durante la etapa de sequía, no se han realizado las obras que correspondían, con fondos que existían y en la oportunidad que se debía. Hoy pagamos tributo nuevamente a la improvisación, a la pésima gestión y a una equivocada concepción electoralista a favor de los centros urbanos en contra del sector rural productivo y motorizador de riqueza y trabajo digno. Señores del Gobierno, no se sigan equivocando..