El grupo opositor, Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), denunció la detención y la inhabilitación para postularse a cargos públicos de su candidata a la Vicepresidencia de Nicaragua, Berenice Quezada, en medio de una ola de arrestos de opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega, quien aspira a la reelección.

«Denunciamos que hoy a las 9.30 p.m. Berenice Quezada, candidata a la Vicepresidencia por la Alianza CxL, fue notificada en su casa por autoridades judiciales y del Ministerio Público acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria», escribió CxL la noche de este martes en Twitter.

Agregó que la mujer, Miss Nicaragua 2017, estaba «sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y se encuentra actualmente en su casa con custodia policial».

Poco después de conocerse la noticia, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Gustavo Porras, sostuvo que los opositores encarcelados tenían previsto realizar un golpe de estado y precisó que no se trata de «candidatos» dado que no se inscribieron.

«El plan que tenían todos ellos era reeditar la intentona del golpe de estado de 2018, reeditarlo al estilo de Bolivia; es decir, iban a reeditar un golpe de estado a la luz del proceso electoral», dijo.

«Ya tenían las plataformas listas y estaban divulgando una serie de informaciones falsas para anunciar que iba a haber fraude electoral, que las elecciones no iban a ser legítimas y legales, y entonces poder crear con el dinero que tienen una nueva situación de conflictividad», agregó el legislador.

Según Porras, uno de los detenidos había dicho que «a fines de 2021 y durante 2022 habría momentos de sumo peligro y agitación», informó la agencia de noticias Sputnik.

Además, aseguró que ninguno de los opositores detenidos era candidato a las elecciones del 7 de noviembre de este año.

«En primer lugar, ellos han intentado hacer creer que algunos de estos opositores son candidatos a las próximas elecciones, y la realidad es que las candidaturas fueron, de acuerdo con las leyes y al calendario electoral, las que se hicieron, las que se inscribieron entre el 28 julio y el 2 agosto, de tal forma que ellos no eran candidatos», dijo Porras.

«Aquí cualquier persona puede decir que es candidato y entonces no pasa nada; sin embargo, estos dijeron que eran candidatos porque estaban en un plan para tratar de tener algún grado de impunidad», añadió.

Declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió el arresto de Quezada.

«CIDH condena el arresto domiciliario de Berenice Quezada, candidata a la vicepresidencia de CxL, y su inhibición para postular a cargos públicos ordenada por el Ministerio Público el 3 de agosto; el hecho ocurre un día después de formalizar su candidatura», informó el organismo en Twitter.

La CIDH urgió al Estado de Nicaragua liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y restablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses.

Según el diario oficial El 19 Digital, víctimas de las protestas antigubernamentales de 2018 solicitaron que Quezada fuera inhabilitada como candidata a vicepresidenta por llamar a la ciudadanía a votar con una alusión a las revueltas de hace tres años.

Quezada había sido anotada el lunes pasado como compañera de fórmula de Sobalvarro, en el proceso de inscripción de candidatos a la presidencia, la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano que venció ese día.

La detención de la candidata ocurrió en medio de una ola de arrestos a opositores, entre los que se destacan Juan Sebastián Chamorro, y el conservador Noel Vidaurre.

Además, se encuentra bajo arresto domiciliario Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-97), quien figuraba como potencial aspirante para enfrentar a Ortega en su eventual candidatura a la reelección.

El Consejo de la UE anunció el lunes la imposición de sanciones a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo y siete personas más, incluido Porras, presuntamente implicadas en violaciones de los derechos humanos.

En la lista de sanciones también están la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz; la fiscal general, Ana Guido; los comisionados generales de la Policía Nacional, Fidel Domíguez, y Juan Valle, así como el comandante Bayardo Castaño, asesor de Asuntos presidencial de Asuntos Económicos y Juan Carlos Murillo, director del Canal 8.