Con su popularidad a la baja, rodeado de problemas políticos y con la posibilidad lejana aún pero real de tener que afrontar un impeachment en el Congreso, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, expresó este miércoles que su postulación para las elecciones del año que viene no está confirmada.

En una entrevista con la radio Jovem Pan, el mandatario ultraderechista de 66 años volvió a sugerir que, si no se implementa el voto impreso en lugar del electrónico, que a su criterio se presta para el fraude, no es seguro que vaya por la reelección. “Hay un candidato que ya se lanzó. Yo lo hice y ni siquiera sé si voy a ser candidato”, declaró el mandatario en la entrevista que fue consignada por el portal Carta Capital.

Estas declaraciones se producen apenas dos días después de que Bolsonaro insinuara a un grupo de simpatizantes en las afueras del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, que existe la posibilidad de que no se presente a las elecciones. “Le doy la banda presidencial a cualquiera si me presento a las elecciones, ¿verdad? Si disputo las elecciones le doy la banda a cualquiera. Pero debe ser una elección limpia”, expresó. “Ahora, participar en unas elecciones con estas urnas electrónicas…”, insinuó, dejando en el aire la incertidumbre sobre su candidatura.

En forma privada, fuentes cercanas a Bolsonaro confirmaron a Carta Capital que se está considerando la posibilidad de no presentarse a las elecciones, en las que de acuerdo a los sondeos el candidato con más posibilidades de ganar es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Además de que la posibilidad de perder los comicios no es para nada descabellada, Bolsonaro en este momento no integra ningún partido político, situación que agrega una dificultad más a su eventual candidatura.

Al tiempo que deslizaba esta duda, en la misma entrevista el presidente brasileño manifestó que está pensando en hacer una serie de cambios en su gabinete ministerial, que según Folha de São Paulo serían oficializados en los primeros días de la semana que viene. De acuerdo a lo que informaron medios brasileños, Bolsonaro es presionado por los partidos que conforman el denominado centrão, que constituyen su base de apoyo en el Congreso, para que exista una mejor articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Fuertemente incomodado por las denuncias que emergen del trabajo de la comisión del Senado que investiga la gestión de su gobierno, Bolsonaro planea reemplazar al jefe de Gabinete, el general Luiz Eduardo Ramos, y al secretario general de la Presidencia, Onyx Lorenzoni.

Desde hace algún tiempo, en el centrão existe molestia con Ramos, lo que generó algunos cruces entre el gobierno y el Congreso. Pero la principal razón de Bolsonaro para hacer modificaciones en su equipo ministerial es evitar perder el soporte en el Congreso, al tiempo de asegurarse un eventual apoyo de estas fuerzas políticas en las elecciones del año que viene.

Según trascendió, para el cargo de jefe de Gabinete –uno de los más relevantes– será designado Ciro Nogueira, quien actualmente es senador federal por el estado de Piauí en representación del partido derechista Progresistas. Esta designación reforzaría la alianza del Ejecutivo con este partido, al que también pertenece el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien por su investidura tiene la última palabra sobre si dar lugar o no al juicio político contra el mandatario.

Según informó el diario O Globo, en la tarde del martes Ramos, el actual jefe de Gabinete, fue citado por Bolsonaro, quien le comunicó que necesitaba su salida del cargo para nombrar en su lugar a Nogueira. De acuerdo al mismo medio es probable que Ramos, un amigo personal del mandatario, pase a la Secretaría General de la Presidencia, actualmente ocupada por Lorenzoni. A su vez, Lorenzoni pasaría a otro puesto dentro del Ejecutivo, pero no está definido cuál. Una de las posibilidades es que Bolsonaro vuelva a crear el Ministerio de Trabajo y su jefatura sea el destino del funcionario. Esta cartera había sido suprimida por el presidente en el inicio de su mandato, y sus atribuciones transferidas al Ministerio de Economía, dirigido por el ultraliberal Paulo Guedes.