El domingo 7 de noviembre de 2021 Nicaragua celebrará elecciones generales, donde el presidente Daniel Ortega busca la reelección por cuarto mandato consecutivo. En este marco, la policía nicaragüense detuvo desde el 2 de junio a más de 15 opositores, entre los que se encuentran cinco precandidatas y precandidatos a presidente.
Estados Unidos, la Unión Europea, ONU, OEA y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación y pidieron por la liberación de todas las personas apresadas para garantizar elecciones libres. Por su parte, el gobierno afirma que las detenciones se dan en el marco de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley N° 1055) promulgada en diciembre de 2020, que afirma que “todos los que lesionen los intereses supremos de la nación” no podrán optar a cargos de elección popular y se les iniciará acciones penales.
Cincuenta y nueve países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una declaración en conjunto sobre la situación de Nicaragua en la que piden al Gobierno, entre otros aspectos, la plena garantía en la protección de los derechos humanos.
El pronunciamiento se da luego de que en semanas anteriores las autoridades nacionales empezaran con una serie de detenciones contra aspirantes a la presidencia, líderes sociales y representantes de la sociedad civil.
Los países firmantes destacaron que el Gobierno no solo debe garantizar la protección de los derechos humanos en el país, sino también “hacer rendir cuentas a los responsable”.
“Instamos al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, señala la declaración en conjunto de las naciones.
La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata, solicitaron países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
De igual forma se pronunciaron sobre las recientes leyes aprobadas en Nicaragua, que organismos de oposición catalogan como ilegales y restrictivas.
“Nos preocupa que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo (…) Nos preocupa profundamente que las leyes promulgadas recientemente restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación”, indicaron.
Los 59 países ven con preocupación que las recientes acciones del Gobierno de Nicaragua impidan la realización de elecciones libres y justas en noviembre próximo.
Los países firmantes de la declaración conjunta fueron Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guayana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos.
¿Cuál fue la posición de Argentina?
El representante argentino ante el consejo, Federico Villegas Beltrán, manifestó también su preocupación ante «las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia».
Beltrán apoyó el pedido de Bachelet de que su gente pueda volver a entrar a Nicaragua, según un comunicado de Cancillería, días después de que Argentina y México, de manera coordinada, llamaran a consultas a sus embajadores en Nicaragua.
En Estados Unidos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER por sus siglas en inglés), una norma para promover «elecciones libres» y nuevas sanciones a allegados de Ortega.
Nicaragua: Represión de críticos de cara a las elecciones https://t.co/c6PlBbviEu
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) June 22, 2021
En paralelo, Human Rights Watch exhortó a la ONU a incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, en un informe que detalla «hostigamientos», «arrestos» y «procesos penales arbitrarios» contra críticos del presidente, en algunos casos implicando «tortura».
