La Corte Suprema de Estados Unidos, en un duro revés para la gestión de Joe Biden, ordenó este martes reactivar el programa «Quedate en México», una cuestionada política migratoria instalada por el expresidente Donald Trump que obligaba a los miles de solicitantes de asilo esperar el resultado de sus trámites de ingreso en la frontera mexicana.

El Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), nombre oficial del programa, fue una de las primeras políticas trumpistas derribadas por la administración demócrata de Biden, un gesto que pretendía apuntar hacia una nueva dirección en materia migratoria y que había permitido a más de 13.000 personas seguir sus trámites en Estados Unidos.

A mediados de agosto, sin embargo, Matthew Kacsmaryk, un juez federal del distrito de Texas nombrado por Donald Trump, ordenó la reinstauración del programa al remarcar que el gobierno de Biden había desestimado los beneficios de esa política. También se habían iniciado acciones en el mismo sentido en Misouri, otro estado republicano.

Este viernes, tras un pedido de la administración de Joe Biden, el juez Samuel Alito ordenó suspender temporalmente la reimplementación del Protocolo de Protección de Migrantes y darle unos días al Gobierno para que ofrezca los argumentos que motivaron su decisión.

Este martes, finalmente, los jueces consideraron que Biden no logró justificar el fin del programa y que su cierre, comunicado en un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, había sido “arbitrario y caprichoso”. En una breve orden sin firmar, el máximo tribunal indicó que «la solicitud» presentada por el gobierno para suspender la reinstauración «está denegada». El caso ahora puede trasladarse a un nivel judicial inferior en un tribunal de apelaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Biden afirmó que «lamenta que la Corte Suprema se haya negado a conceder una suspensión» y aclaró que «mientras continúa el proceso de apelación, el DHS cumplirá con la orden de buena fe».

La decisión del máximo tribunal también fue criticada por grupos de protección de los derechos de los inmigrantes. El fallo «es como mínimo cruel», dijo Yael Schacher, asesor jurídico para Estados Unidos de la organización Refugees International. «La administración Biden no debería ver esta decisión como una orden», agregó.

“El Gobierno no debe usar este fallo como una excusa para abandonar su compromiso de reinstaurar un sistema de asilo justo”, remarcó Omar Jadwat, director del programa de derechos de inmigrantes.

“Esta sorprendente decisión fuerza al Gobierno de Biden a reinstalar una política inhumana y cruel”, opinó, por su parte, la congresista de Texas Verónica Escobar. “¿Qué sigue? ¿Litigar la reinstalación de la separación de familias?”, cuestionó la legisladora.