Por primera vez desde su asunción el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrentó a una jornada nacional de protesta a la que adhirieron sindicatos de trabajadores, gremios docentes y movimientos indígenas. El objetivo común de los distintos sectores era lograr el congelamiento de los precios de los combustibles, que en los últimos meses tuvieron un incremento de hasta el 18 por ciento gracias a un sistema de bandas aprobado por la gestión de Lenín Moreno y sostenido por Lasso. También exigieron una mayor llegada de vacunas contra el coronavirus, mejoras en la educación y participar en la discusión sobre eventuales reformas laborales.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que «Lasso ha decidido transitar, sostener y defender las políticas» de su antecesor Lenín Moreno» bajo la vigilancia del FMI. El presidente ecuatoriano replicó que no cederá a la «imposición» de determinados grupos sociales porque «hacerlo afectaría a los más pobres». Además prometió estar dispuesto al diálogo, aunque por el momento no hay ninguna invitación formal a los sectores movilizados este miércoles.

El epicentro de la marcha programada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) fue Quito, con una caminata que partió a las 16 horas locales desde la Caja del Seguro para avanzar hasta el Centro Histórico. También se replicaron manifestaciones en las principales ciudades del país.

Ángel Sánchez, presidente del FUT, explicó que se movilizaron porque el gobierno de Lasso no dio respuesta a su pedido de que se apliquen las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que busca garantizar el acceso a la educación en un país de una importante diversidad étnica. Por ese motivo un grupo de maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se encadenó en los exteriores de la Corte Constitucional de Quito, mientras que 80 personas permanecen en huelga de hambre desde el 12 de julio.

El FUT, la mayor central sindical de Ecuador, también criticó la llamada «ley humanitaria», implementada durante la pandemia del coronavirus por el gobierno del expresidente Lenín Moreno. La ley favorece acuerdos de trabajadores y empleadores para modificar la relación laboral en busca, se supone, de preservar las fuentes de trabajo.

Sin embargo, distintos gremios denuncian cientos de miles de trabajadores despedidos en tiempos de pandemia. El pliego de reclamos incluye un llamado a protestar «contra la privatización de las áreas estratégicas» y «las condiciones acordadas con el FMI».

El gremio de los transportes pesados, representado por Álex Bustillos, anunció en un comunicado que se adherían al «derecho a la resistencia» porque no cuentan con los recursos para la operación de sus unidades «debido a los incrementos de los precios del diesel». En consecuencia, desde las seis de la mañana del miércoles decidieron parar sus camiones.

El gobierno ecuatoriano sostiene que está a favor de abrir canales de diálogo para desactivar las protestas que se vienen dando hace semanas desde el gremio de arroceros y los sectores productivos de la ciudad de Huaquillas. A ese llamado se refirió Lasso el martes durante la ceremonia de conmemoración del Primer Grito de Independencia en Parcayacu, al norte de Quito.

«Siempre promoveremos el diálogo con todos, pero este debe ser propositivo y jamás impositivo. Nunca cederemos a amenazas, porque eso echaría abajo todo el buen trabajo que estamos haciendo para brindar estabilidad al Ecuador», planteó el mandatario, quien aseguró estar dispuesto a recibir a los dirigentes de la Conaie en el Palacio Carondelet.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, espera recibir por escrito una invitación para concretar el encuentro. «Lasso ha decidido transitar, sostener y defender las políticas de Moreno», enmarcadas en las condiciones impuestas por el FMI para entregar créditos al país, señaló el presidente de la federación indígena más grande de Ecuador en una rueda de prensa.

En Octubre de 2019, la Conaie lideró un gran movimiento de protestas contra Moreno que se desactivaron cuando el entonces mandatario derogó un decreto con el que eliminaba los subsidios al precio de los combustibles que habían estado en vigor durante décadas. Pero en medio de la pandemia, el expresidente ecuatoriano instauró un sistema fluctuante para fijar el precio de los combustibles, lo que repercutió en un permanente aumento del precio de la nafta y de varios productos de primera necesidad.

Leonidas Iza reconoce que el pueblo ecuatoriano «no soporta un levantamiento», pero tampoco quiere «que la crisis caiga sobre los sectores populares».

El dirigente indígena cuestionó a Lasso por haber advertido que no permitirá eventuales protestas indígenas y le recomendó «referirse a las estadísticas, más no perseguir a los sectores sociales», y que defina si va a «transitar por el camino de Moreno o realmente escuchar al pueblo ecuatoriano».