Por Moises Naím, para Diario LaNación

Al mismo tiempo que las imágenes de tropas rusas rodeando Ucrania concentraban nuestra atención, la Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU hacía público su más reciente estudio científico. La principal conclusión es que, en los próximos 30 años, el nivel del mar en las costas de EE. UU. subirá tanto como lo hizo durante todo el siglo XX. Para dar contexto a este dato basta mencionar que en esos cien años el mar en la costa atlántica de EE. UU. subió de nivel más rápido que durante los 2000 años previos. Otro dato: 40 % de los estadounidenses vive en esa zona costera y una importante porción de la actividad económica de ese país ocurre allí. Como sabemos, este no es solo un problema para EE. UU. Es un problema mundial y la subida del nivel del mar es tan solo una de las manifestaciones del calentamiento del planeta.

¿Por qué le está costando tanto a la humanidad enfrentar con eficacia la crisis que puede acabar con la civilización tal como la hemos conocido? ¿Por qué los políticos no logran tomar las decisiones necesarias para disminuir las emisiones del C02, el gas que más contribuye al calentamiento global?

Una primera respuesta es la impotencia. ¿Qué puede hacer un ciudadano normal para impedir que suba el nivel de los océanos? ¿O que disminuyan en frecuencia e intensidad sequías, inundaciones e incendios forestales que son ahora habituales? Es una tarea para múltiples gobiernos actuando a gran escala y muy coordinadamente. Los individuos pueden hacer poco para contener estos accidentes climáticos, pero pueden hacer mucho llevando al poder a políticos capaces de movilizar a la sociedad y lograr su apoyo a las difíciles decisiones que hay que tomar para contener la emergencia climática. Una iniciativa de tal alcance no tiene muchos precedentes, pero con férrea voluntad política, masivo apoyo popular y nuevas tecnologías podría hacerse realidad.

El apoyo popular no solo se ve afectado por la sensación de impotencia que los ciudadanos tienen derecho a sentir dado el tamaño del problema, sino también por la confusión que rodea a su solución. ¿Es la amenaza tan grave como la pintan? ¿Son las soluciones propuestas las correctas? ¿Se les puede creer a los expertos?

Son preguntas válidas. Pero, en algunos casos, solo buscan confundir. El escepticismo y la confusión acerca de cómo enfrentar el problema se ha visto muy afectado por la politización del tema y por los intereses que se benefician de la situación actual. Dos investigadores, Doug Koplow y Ronald Steenblik acaban de publicar un estudio donde reportan que los gobiernos que dicen estar haciendo lo posible para reducir sus emisiones de CO2 gastan, al mismo tiempo, 1,8 mil millardos, o 2% del PIB mundial, en subsidios dirigidos a las industrias más contaminantes: carbón, petróleo, gas y agricultura, por ejemplo. Las grandes empresas en estos sectores saben cómo defenderse de iniciativas que atentan contra su rentabilidad. Décadas atrás, la industria del tabaco financió “expertos” y centros de investigación que cuestionaban que hubiese un vínculo entre el consumo de tabaco y el cáncer. Por años lograron posponer la aceptación por parte de políticos y gobiernos de ese hecho científicamente comprobado. Decenas de miles de fumadores perdieron la vida en ese período. Las empresas petroleras también financian escépticos que cuestionan la emergencia climática global. En 2019, ExxonMobil pagó 690.000 dólares a 8 grupos de activistas y científicos que niegan la crisis. Además, la empresa sigue apoyando financieramente a congresistas estadounidenses que se oponen a la adopción de un impuesto al consumo del carbón, una iniciativa que ExxonMobil públicamente apoya.

Un difícil obstáculo para vencer en el intento de evitar que el planeta se nos haga inhabitable es la falta de solidaridad intergeneracional. “A mí me da igual, yo ya no voy a estar cuando venga esa crisis.” es un comentario que todos hemos oído. En justicia, cabe decir que este desinterés por la situación del planeta que heredarán nuestros sucesores también se nutre de la falta de un claro consenso político acerca de qué hacer. Las soluciones ahora disponibles tales como la eliminación de subsidios a empresas altamente contaminantes, o el pago de un impuesto al consumo de carbón o un masivo vuelco a energías renovables redundan en aumentos en el costo de la electricidad, de la gasolina, de la calefacción o el aire acondicionado y en los precios de productos manufacturados y mucho más.

Estos mayores costos son inmediatos y concretos mientras que los beneficios que prometen las soluciones al calentamiento global son a largo plazo y no están garantizados. Esta dualidad entre costos tangibles ahora y beneficios hipotéticos en el futuro hace muy difícil la adopción de las medidas a gran escala que requiere la crisis climática. Las nuevas tecnologías energéticas que vienen en camino ofrecerán una solución. Pero esa solución también va a requerir de importantes innovaciones en tecnología política.