La empresa belga intentó reabrir el debate sobre la concesión de la principal vía navegable del país tras quedar detrás de Jan De Nul en la licitación. Sin embargo, el margen de acción formal es limitado y exige una millonaria garantía económica para avanzar con una impugnación.
La definición de la nueva concesión de la hidrovía entró en su tramo final y todo indica que el negocio quedará nuevamente en manos de Jan De Nul. La compañía belga obtuvo la mejor calificación en la evaluación oficial y quedó a un paso de asegurarse la explotación del corredor fluvial más importante de la Argentina durante los próximos 25 años.
Mientras el Gobierno se prepara para avanzar con la adjudicación definitiva, la empresa DEME intentó instalar cuestionamientos sobre el proceso licitatorio y reclamó una revisión de las condiciones económicas establecidas en los pliegos. No obstante, en los organismos encargados de la licitación consideran que esos planteos llegaron fuera de tiempo y que no alteran el resultado alcanzado.
La semana pasada, la administración de Javier Milei comunicó la preadjudicación de las tareas de dragado y balizamiento a la sociedad integrada por Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. El dictamen de la comisión evaluadora ubicó a ese consorcio en el primer puesto con 186,2 puntos, mientras que DEME terminó segunda con 162,14.
Aunque ambas compañías ofertaron la tarifa mínima prevista por el pliego, la diferencia surgió en la evaluación técnica, donde Jan De Nul consiguió una ventaja amplia. Esa valoración terminó por inclinar la balanza en favor de la actual operadora de los trabajos de dragado.
Tras conocer el resultado, DEME envió una nota al ministro de Economía, Luis Caputo. En ese documento pidió que se analice nuevamente su propuesta y planteó la posibilidad de impulsar una nueva licitación mediante un esquema de iniciativa privada.
La empresa sostuvo que “las reglas de la licitación no nos permitieron presentar una tarifa más competitiva debido al piso tarifario establecido en los pliegos”. A partir de ese argumento, propuso un nuevo esquema económico con valores inferiores a los fijados en la compulsa actual.
Según expresó la compañía, “Proponemos una tarifa máxima de u$s 4,77 por TRN (Tonelada de Registro Neto) y la eliminación del piso tarifario impuesto de u$s 5,78 por TRN, lo que podría traducirse en un ahorro nominal de al menos u$s 2500 millones para los usuarios de la vía navegable a lo largo de los 25 años de concesión”.
DEME también destacó el acompañamiento de empresas y fondos de inversión vinculados a Estados Unidos. Entre ellos mencionó a Great Lakes Dredge & Dock Company, Clear Street y KKR. En la presentación enviada al Palacio de Hacienda afirmó que “este proyecto es de gran importancia para la competitividad y el clima de inversión de la Argentina, así como para los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos. Una adjudicación exitosa a inversores líderes con base en EE.UU. constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas del presidente Milei y fortalecería aún más la relación bilateral”.
Sin embargo, más allá de las gestiones políticas, la única herramienta formal disponible para modificar el resultado consiste en presentar una impugnación administrativa. Para hacerlo, la empresa deberá constituir una garantía de u$s 10 millones antes del vencimiento de los plazos establecidos.
Ese monto solo regresará a la firma en caso de que el reclamo prospere. Si las autoridades rechazan la impugnación, los fondos quedarán en poder del Estado.
La concesión representa una de las privatizaciones más relevantes del gobierno libertario. Por esa vía circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país y alrededor del 90% del movimiento de contenedores.
El esquema de evaluación diseñado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación contempló tres etapas. La primera analizó antecedentes legales, financieros y técnicos. La segunda examinó los planes de trabajo y la capacidad profesional de los equipos propuestos. La tercera tomó en cuenta la tarifa de peaje ofrecida por cada competidor.
Si la adjudicación queda firme, Jan De Nul conservará el control de un negocio que conoce desde hace más de tres décadas. La empresa desembarcó en el país en los años noventa y obtuvo la concesión original durante el gobierno de Carlos Menem. Luego del vencimiento de aquel contrato, continuó a cargo de los trabajos mediante acuerdos con el Estado nacional.
Las estimaciones oficiales indican que la futura concesionaria deberá realizar inversiones cercanas a los u$s 10.000 millones durante la vigencia del contrato.
La reciente licitación de la hidrovía tampoco fue el único enfrentamiento entre ambas compañías. En mayo, Jan De Nul también superó a DEME en la compulsa por obras de dragado vinculadas al Puerto de Buenos Aires. En aquella oportunidad presentó una oferta económica considerablemente más baja que la de su competidora y volvió a imponerse en una licitación estratégica para la infraestructura portuaria nacional.
