Héctor Recalde, diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, dialogó con radio Urbana BA y lanzó críticas al gobierno nacional.

Oficialismo y oposición debaten un proyecto que prorroga por tercera vez la vigencia de la ley 26.160, que mantiene suspendidos desde hace 11 años los desalojos de tierras ocupadas por comunidades aborígenes cuya titularidad se encuentra sometida a litigio judicial o reclamo administrativo. Desde el gobierno quieren que la prórroga sea por dos años y medio. En la oposición quieren dejar el texto igual y que la extensión sea por cuatro años.

¿Qué dijeron los diputados de Cambiemos sobre la posibilidad de prorrogar esta ley por 2 años y medio, en lugar de 4?

Nuestro bloque del Frente para la Victoria-PJ ya se había reunido hace 10 días con varias comunidades de Pueblos Originarios. Y también participamos en el encuentro del martes con muchas más comunidades. Y planteamos que para nosotros, 73 diputados, la prórroga de la Ley 26.160 significa que son cuatro años más. Sino es modificar, y no prorrogar. O hacer otra ley. Ahora lo debate el Senado, y algunos compañeros me dijeron que su posición es también por los cuatro años.

Esa es la posición del Peronismo y posiblemente se pueda conseguir.

Seguramente. No sé cómo piensa todo el bloque de senadores, pero Ruperto Godoy me expresó que desean que sean cuatro años.

La prórroga es importante porque resuelve esto en lo inmediato. ¿Pero qué mirada tiene usted sobre Benetton, Lewis, Vaca Muerta, y el derecho de los Pueblos Originarios? Este tema se va a poner cada vez más complicado.

Acá estamos cumpliendo con la Constitución Nacional, y con un deber relacionado a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Mi tesis desde hace mucho es que la Conquista del Desierto fue un Genocidio a los Pueblos Originarios, y como Genocidio es imprescriptible. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ellos se apoderaron de las tierras, y el derecho a la tierra no prescribe. Esto se demoró y no es la solución definitiva. La prórroga nos da oxígeno para además cumplir con los tratados internacionales. Esta es nuestra posición. No es negociable.

Pero esta gente que adquirió las tierras en la década del 90 incluso pueden mostrar boletos de compra-venta de las tierras.

Sí, pero la nulidad también existe en el Derecho. En todo caso es nuestra obligación. No sería un inconveniente jurídico. No hay inconveniente jurídico para hacer lo que la Constitución y la conciencia nos manda a hacer.

Además son miles de hectáreas…

Sí. Y si se piensa con objetividad, entre Pueblos Originarios y propietarios extranjeros, yo no tengo mucha duda. Entre Beneton y Lewis, por más que sea amigo del presidente y le preste el helicóptero y su estancia para tomar sus merecidos descansos, yo opto por los Pueblos Originarios.

¿El gobierno hace uso político de la situación del “Pata” Medina?

Claro que hace uso político. Pero no puede generalizar. No se pueden generalizar los problemas que tiene este dirigente de la UOCRA seccional La Plata. A este gobierno le gusta hablar de la mafia de los sindicatos, la mafia de los jueces laborales, y la mafia de los abogados laboralistas. Y en realidad lo que quiere es romper los estamentos de defensa que tienen los trabajadores. Porque en definitiva no solo quieren bajar los costos laborales sino someter a los trabajadores, para que tengan miedo a perder el trabajo, miedo a hacer reclamaciones, miedo a pedir ser blanqueado. Ahora van a venir por vías oblicuas para la Reforma Laboral, no van a ir directo como en Brasil. Les encantaría tener la fortaleza y las complicidades para establecer la reforma flexibilizadora de Brasil. Es un modelo neoliberal. Ni bueno ni malo, son así, para explicarlo de manera borgeana.

El presidente cada vez que puede habla de los juicios laborales. Casi una vez por semana.

Sí, es una obsesión casi asnal, como diría Almafuerte. Lo digo con respeto, estoy citando a Almafuerte, jamás le diría asno al presidente. Soy muy respetuoso. Sería bueno que él también respete la investidura presidencial, sin descalificar. No puede decir “queremos jueces que nos representen”. ¿De dónde sale esa afirmación tan antirepublicana? Los jueces no tienen que representar al gobierno ni a ningún partido político. Tienen que representar al valor Justicia aplicando la Constitución, los tratados internacionales, y la ley. Pero hay una confusión de negocios en esto.

Yo expliqué en un análisis periodístico que no sabemos cómo va a ser esa reforma laboral…

¿Sabe por qué no sabemos cómo? Porque vienen con el cuchillo bajo el poncho. Sino lo ideal sería que esta flexibilización laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva se discutan antes del 22 de octubre, para que el ciudadano sepa y tenga información. Están obligados a dar la información. Ya tenemos la experiencia del 2015 y el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Todas las promesas fueron incumplidas. Salvo una: bajar las retenciones, eso lo cumplió.