A raíz del canje de 2010 promovido por la consultora Arcadia, realicé una denuncia por tráfico de influencias contra Boudou, ante el Juzgado en Criminal y Correccional Federal a cargo del doctor Ariel Lijo, interviniendo como Fiscal el doctor Jorge Di Lello quien impulsó la causa solicitando diversas medidas de prueba que se encuentran en trámite. El canje de la deuda de 2010 determinó quitas exiguas, y los bonos que se presentaron estaban en manos del Citibank, el Deutsche Bank y el Barclays.

Amado Boudou es investigado para comprobar si cometió el delito de tráfico de influencias para beneficiar a los propietarios de los títulos de la deuda: la sospecha se basa en el rol que tuvo en esta operatoria la mentada consultora Arcadia, y sus vínculos con el propio Boudou y otros funcionarios del Gobierno. En junio y noviembre del 2013, amplié la denuncia solicitando se investigara a Gramercy Funds Management, uno de los fondos buitres intervinientes en el canje del 2010.

Nuestro pedido se basa en identificar quienes fueron los bonistas participantes y toda la documentación en poder del Barclays, el Citibank y el Deutsche sobre la operación.

Este caso es una muestra más del saqueo al que es sometido nuestro país y de cómo la corrupción atraviesa los poderes públicos y privados. La consultora Arcadia se reunió con bancos de Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje. Tuvieron información privilegiada y compraron a precio de remate títulos argentinos. Después, se presentaron al canje y obtuvieron ganancias que superaron el 80% en dólares.

La causa Ciccone es análoga, en su procedimiento ilícito, a la reapertura del canje de deuda que denunciamos, y que fue negociada por Amado Boudou, al igual que las primeras negociaciones con el Club de París en mayo de 2011, cuando el actual vicepresidente era ministro de Economía. En la reapertura todo indica que hubo tráfico de influencias a través de la consultora fantasma Arcadia, que respondería a Boudou.

En esta línea, los diputados de UNEN Alcira Argumedo y Fernando Sánchez presentaron un pedido de juicio político contra el Vicepresidente Boudou porque decimos que hacer negocios privados con bienes públicos es uno de los delitos más graves y degradantes que puede padecer un país.

No habrá democracia ni República hasta que los funcionarios no hagan ejercicio irrestricto de la ética pública. Por eso pensamos que el vicepresidente Amado Boudou debe pedir licencia hasta tanto se esclarezcan los procesos judiciales que lo involucran. Nuestra sociedad debe dar una batalla decisiva contra quienes hacen negocios con los bienes y recursos públicos, que pertenecen a todos los argentinos.