Una de las cuestiones institucionalmente más relevantes y positivas para el futuro de nuestro país que podemos rescatar del –aún irresuelto- conflicto del Gobierno Nacional con el sector agropecuario, es sin lugar a dudas la toma de conciencia colectiva, no sólo entre nuestra dirigencia política, sino crecientemente también entre nuestra ciudadanía en general, sobre la profunda decadencia de nuestro federalismo fiscal, y la imperiosa necesidad de hacer algo para revertirla.

A lo largo de los últimos años se ha consolidado en nuestro país en materia fiscal un esquema centralista ciertamente perverso, pseudo-federal, con un gobierno central voraz, ávido de ingresos, que se ha ido progresivamente apropiando de recursos que legítimamente corresponden al conjunto de las provincias y sus municipios, y en algunos casos, como ocurrió con los derechos de exportación o retenciones, cargando unilateral y arbitrariamente sobre sectores productivos sostenes de nuestras economías regionales.

La Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2009 sancionada días atrás ratifica claramente esta tendencia: el Sector Público Nacional, integrado por la Administración Nacional, los fondos fiduciarios y otros entes como AFIP, PAMI, etc., absorberá en 2009 el 75,92% de la recaudación total, contra el 74,1% previsto para 2008, mientras que las provincias absorberán, vía coparticipación y otras transferencias automáticas, sólo el 24,08%, contra el 26,9% previsto para 2008.

Esto significa que, en 2009, el conjunto de las provincias recibirá automáticamente tan sólo $1 por cada $4,15 que recaude la Nación, guarismo sin precedentes en nuestra historia fiscal moderna. Atrás y lejos quedó el máximo histórico de 57,66% que llegaron a recibir las provincias por coparticipación de los recursos nacionales, en virtud de la ley 23.548 de 1988.

Esta creciente concentración de recursos en manos del Gobierno Nacional ha ido progresivamente desfinanciando a las administraciones provinciales y municipales, sobre las cuales recae fundamentalmente la responsabilidad de gasto (en seguridad, salud, educación, justicia, etc.), obligándolas a todas ellas, casi sin excepción, a emprender costosísimas –en términos políticos y económicos- reformas tributarias, en orden a cubrir –en muchos casos infructuosamente- parte sus crecientes rojos presupuestarios, agravando aún más los problemas de superposición tributaria existentes entre los diferentes niveles de gobierno, y llevando la carga impositiva total a niveles máximos históricos (actualmente se analizan incrementos en las legislaturas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Neuquén y Entre Ríos, situación que se traslada también a nivel municipal, con fuertes incrementos de tasas proyectados en muchos distritos).

Es así, en un contexto de extrema vulnerabilidad financiera, que gobernadores e intendentes quedan rehenes del poder central, viéndose frecuentemente obligados a ceder ante el inexorable rigor de la "caja", y alinearse para no quedar desfinanciados en el corto plazo, muchas veces en contra de los intereses del pueblo que los votó y deben por tanto representar, lo cual degrada progresivamente nuestro sistema político.

Cabe asimismo destacar como agravante la administración non sancta por parte del Gobierno Nacional de una parte importante de estos recursos crecientemente concentrados, pues en la formulación de los sucesivos presupuestos nacionales sistemáticamente se han subestimado recursos para, luego, durante la ejecución de los mismos, disponer a gusto y piacere, sin debate parlamentario, de cuantiosos excedentes vía DNU's y "superpoderes", vulnerando los más elementales principios constitucionales en materia presupuestaria.

Ahora bien: ¿cuál es el límite de esta política de exacción creciente?; ¿puede sostenerse o tiene sentido una administración central superavitaria a expensas de administraciones provinciales y municipales crecientemente deficitarias y endeudadas, o quebradas?; ¿puede indefinidamente aumentarse la carga tributaria?; ¿cómo revertimos esta tendencia perversa?; ¿cómo garantizamos el financiamiento de los más esenciales servicios públicos que tanto requiere nuestra ciudadanía? En definitiva, ¿cómo viabilizamos un desarrollo regionalmente equilibrado y sustentable para nuestro país, que evite que millones de compatriotas se amontonen crecientemente sin futuro en torno a los principales centros urbanos?

Afortunadamente, como decía al inicio de este artículo, a partir del conflicto con el campo -al menos desde mi apreciación personal- pareciera que muchas de estas cuestiones fueron quedando claramente al descubierto y cobrando cada vez mayor relevancia en la consideración pública. No es para menos, pues de ellas depende nuestro futuro.

Debemos dejar de mirar para otro lado y darnos, de una vez por todas, un profundo debate sobre nuestro sistema federal y, en particular, replantear urgentemente la desvirtuada relación fiscal nación-provincias.

A partir de la experiencia recogida durante los últimos años, queda claro que el problema no es sólo cuánto se recauda, pues de hecho se viene recaudando como nunca, sino también cómo se distribuye aquello que se recauda; si el recurso llega efectivamente a quienes tienen la responsabilidad más primaria de gasto, es decir, a quienes tienen que dar una respuesta inmediata a los principales flagelos que hoy azotan a nuestra sociedad, como la inseguridad, pobreza, falta de salud, de educación y de justicia; o bien, dar respuesta a las crecientes demandas de nuestros sectores productivos, con más y mejor infraestructura, financiamiento, menos impuestos superpuestos/tasas.

De esta forma se materializa el federalismo. Caso contrario éste deviene en un concepto abstracto, un postulado constitucional anacrónico, vacío de todo contenido.

Un aspecto modular para avanzar en este sentido, que como manda nuestra Constitución Nacional reformada en 1994 debiéramos haber hecho hace ya casi 12 años, es por supuesto la definición de un nuevo régimen federal de coparticipación de impuestos, en reemplazo de la ya obsoleta Ley Nº 23.548 que rige "transitoriamente" desde 1988, y el conjunto de pactos federales fiscales posteriores, garantizando un esquema más integral, transparente y justo para la distribución de los recursos fiscales entre los tres niveles de gobierno.

Por supuesto esto requiere de un amplio consenso político muy difícil de lograr. No obstante ello, debemos comenzar a transitar el camino.

Muchos gobernadores y legisladores nacionales han comenzado a plantear públicamente estas cuestiones y a buscar consensos en torno a diferentes caminos alternativos que podrían transitarse hacia un progresivo fortalecimiento de nuestro federalismo fiscal.

Debates en el Congreso Nacional en torno a la restitución a las provincias de recursos coparticipables oportunamente cedidos a ANSES para cubrir déficit del régimen previsional público de reparto luego de la reforma de los 90's, luego de la eliminación de AFJP's; o bien en torno a diversas alternativas concretas de coparticipación de algunos impuestos hoy no coparticipados, como las retenciones, o bien coparticipados parcialmente, como el impuesto al cheque, están marcando el rumbo en este sentido.

Lograr los consensos necesarios llevará un buen tiempo y no será sencillo. Empecemos de una vez.

Dr. Carlos R. Brown - Presidente del Movimiento Productivo Argentino