En los bancos creen que las medidas del organismo recaudador son exageradas y que eligieron al sector como chivo expiatorio. «Están tratando de marcar la cancha como que están controlando, son fuegos de artificio, no ameritaba darle esa entidad«, señaló una fuente vinculada a la actividad bancaria.

«Santander Argentina se encuentra al día con todas sus obligaciones fiscales, previsionales y regulatorias y no tiene conocimiento ni ha sido notificado de ninguna denuncia por supuestos incumplimientos sobre las cargas sociales de sus empleados», dijo el banco con sede en España.

Desde la compañía afirmaron que «el banco opera bajo estrictos estándares de cumplimiento y control, de acuerdo con la normativa vigente, y mantiene una relación permanente de colaboración con las autoridades competentes

En la city financiera observan denuncias «sorpresivas» de la exAFIP que van directamente al fuero al fuero económico penal, sin ningún requerimiento previo por diferencias en las declaraciones juradas. Y si bien la norma fija un plazo de 30 días para efectuar una denuncia penal, aseguran que la rectificación de los datos es parte del procedimiento.

«Asumen que el contribuyente se quedó con retenciones o evadió y con eso hacen una denuncia penal, cuando en rigor no hay nada mal, el fisco sin preguntar asume delito y denuncia, es bastante grave, involucra a directores y pone al banco sobre la lupa, debería haber más responsabilidad», señalaron cerca de un banco.

En una entidad se mostraron sorprendidos porque sostienen que se trata de una operatoria habitual vinculada a la liquidación retroactiva de las paritarias por un monto «mínimo» de aportes y contribuciones. «Una vez que se conoce el índice de inflación, se firma el acuerdo y se paga en forma retroactiva», explicaron.

El fisco también denunció la retención de IVA y deducciones de más por ropa de trabajo para pagar menos Ganancias, algo que en las empresas afirman que es responsabilidad de los empleados. Además, hay una denuncia contra una aerolínea por retenciones de Ganancias y beneficiarios del exterior, según pudo saber Clarín.

Los datos del Ministerio de Economía de la semana pasada muestran que la recaudación que recibe el Tesoro nacional cayó 4% interanual en términos reales en mayo, luego de 10 meses de baja consecutiva. Las cargas sociales, que aportaron casi el 40% de los ingresos totales, acumularon un retroceso equivalente en los primeros cinco meses.

Si bien la menor recaudación en aportes y contribuciones estaría vinculada a la caída de la actividad junto con la del empleo formal y salarios en los rubros que generan mayor ocupación, ARCA comenzó a notar una elevada falta de cumplimiento en los aportes de seguridad social y la registración de los trabajadores.

En ese marco, los operativos en los últimos meses detectaron irregularidades en las pizzerías Kentucky y Ugi’s. También en frigoríficos y comercios, como las casas de venta de electrodomésticos. «Se los intima a los que no hagan los aportes y, si no los hacen, termina siendo una denuncia penal», explicaron fuentes de la exAFIP.

En las empresas creen que las denuncias penales responden a la incorporación de nuevas autoridades en las áreas técnicas penales de ARCA, que «denuncian por las dudas», sin dimensionar la dificultad que representa el cierre de una causa penal para jueces y fiscales ante la exposición que implicaría dictar un sobreseimiento.

La judicialización de reclamos impositivos y los controles a las empresas se conocen luego de las intimaciones masivas a los empleados de la cuarta categoría que inflaron gastos para pagar menos en Ganancias. También coinciden con el reciente pedido del Fondo Monetario de ampliar la base de contribuyentes en Ganancias, Monotributo e IVA.

En despachos oficiales dicen que los controles son normales, sobre todo teniendo en cuenta la «flexibilidad» concedida a las empresas con la condonación de deudas de aportes y contribuciones en 2024 (blanqueo laboral), la despenalización de diferencias de criterio impositivo en 2025 (Ley de Inocencia Fiscal) y la reducción de contribuciones patronales desde el 1 de mayo de 2026 (reforma laboral).

Según el INDEC, los que trabajan «en negro» alcanzaron al 43% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025, por encima del 41,4% a fines de 2023. Así, la informalidad alcanzaría a 9 millones de personas y en 2 años creció en 1,6 puntos, que equivale a unos 330.000 informales más, tal como informó este diario.