La gestión actual enfrenta un desafío importante con los tiempos establecidos para las sesiones extraordinarias convocadas por el oficialismo. De las cuatro semanas disponibles, dos se destinarán a negociaciones previas en Diputados, enfocadas principalmente en los proyectos de Ficha Limpia y PASO. Una vez superada esa etapa, deberán esperar al menos una semana más para que los temas lleguen al Senado. Mientras tanto, no consideran prudente avanzar con los nombramientos de Lijo y Mansilla hasta que finalice el debate en la Cámara baja.

Los legisladores tienen un plazo limitado para abordar los siete puntos que propuso el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno comenzó con retraso, ya que recién logró reunir a los bloques opositores dialoguistas después del inicio oficial, el martes pasado. Según explicaron, varios integrantes del oficialismo seguían de vacaciones, lo que generó demoras en las primeras reuniones. Desde Balcarce 50 reconocen que un mes podría no ser suficiente para concluir las discusiones.

La oposición dialoguista en el Parlamento también advirtió sobre esta falta de tiempo, mientras que en la Casa Rosada evalúan la posibilidad de limitarse a obtener media sanción en Diputados para algunos proyectos y dejar el resto de las discusiones para las sesiones ordinarias. “No estamos apurados”, expresó un asesor cercano al Ejecutivo, quien afirmó que este escenario es “posible y probable”.

Incluso, no se descarta postergar el proyecto de reforma electoral y política, que incluye la eliminación de las elecciones primarias. Esta decisión podría generar controversia, ya que el calendario electoral del año ya está en marcha. Sin embargo, el espacio liderado por Javier Milei parece dispuesto a dejar de lado las tradiciones no escritas de la política. “Tenemos tiempo hasta mayo, cuando comienza el cronograma electoral”, indicó otro asesor presidencial, dejando abierta la posibilidad de que el debate se extienda más allá de lo previsto.

En la Casa Rosada no muestran preocupación por los plazos. Son conscientes de que la reforma electoral enfrenta dificultades para conseguir los votos necesarios, especialmente porque dentro de los bloques de PRO y la UCR, liderados por Rodrigo de Loredo, persisten ciertas reticencias. Además, reconocen que podrían necesitar el respaldo del bloque de Unión por la Patria (UP), del cual también dependería el futuro de los pliegos para la Corte Suprema en el Senado.

Algunas voces dentro del oficialismo admiten que se están llevando a cabo negociaciones con el kirchnerismo. Según esta versión, el acuerdo implicaría eliminar las elecciones PASO, algo que cuenta con el visto bueno de Cristina Kirchner y su entorno, a cambio de descartar el proyecto de Ficha Limpia. Sin embargo, otros desmienten tajantemente estas supuestas conversaciones con el bloque opositor, ya que saben que este tipo de alianzas incomodaría a su electorado. “Es un deseo de Javier, vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla”, afirmó un funcionario respecto al compromiso con Ficha Limpia.

En cuanto a las PASO, comienza a ganar terreno una solución intermedia que implicaría una suspensión temporal en lugar de su eliminación definitiva. Incluso, funcionarios que hasta hace poco rechazaban esta posibilidad ahora parecen dispuestos a ceder.

“No vamos a vetar una suspensión, pero no es lo que queremos”, señalaron desde el Ejecutivo, sugiriendo que podrían aceptar una solución salomónica de manera implícita, dejando abierta la puerta para resolver el conflicto de forma menos polarizante.

Algunos dentro del Gobierno, aunque con cautela, reconocen que la decisión de postergar el primer turno electoral hasta octubre tiene una intención política más allá del anunciado ahorro. Por un lado, buscan ganar tiempo para mejorar los resultados de octubre. Por otro, procuran asegurar que Karina Milei tenga la capacidad de negociar en caso de que se necesite formar una alianza institucional con el PRO.

Las conversaciones políticas podrían complicarse aún más tras la confirmación oficial de que, en las sesiones ordinarias, se presentará un proyecto de “igualdad ante la ley”. Esta iniciativa busca modificar diversas normativas relacionadas con el género, la inclusión y la protección de las minorías, como la ley de cupo trans, la tipificación del femicidio en el Código Penal, y la legislación que obliga a los empleados públicos a tomar cursos sobre género, entre otras.

Este proyecto generará un fuerte rechazo entre los sectores más progresistas del panorama político, incluidos todos los integrantes de Unión por la Patria. Además, también enfrentará resistencia de las alas más centristas del PRO y de Encuentro Federal, que aunque aliados del oficialismo, tienen posturas divergentes. Sin el apoyo de estos últimos, la capacidad de La Libertad Avanza para avanzar con su agenda se verá gravemente limitada. En la Casa Rosada minimizan el impacto de la propuesta en la actual batalla legislativa: “Son cuestiones diferentes, y esto se trata de defender nuestros principios”, afirmaron, mientras que las redes sociales empezaban a reflejar el creciente descontento con la medida.

El Gobierno tiene previsto que la próxima semana comiencen a presentarse asesores técnicos para exponer los planes del oficialismo ante el Congreso. La siguiente semana, entre el 4 y el 5 de febrero, se llevarían a cabo las primeras reuniones en comisión. Sin embargo, persisten dudas respecto a la fecha para la primera sesión en la Cámara baja.

Inicialmente, Francos había sugerido a Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo y Oscar Zago que la sesión podría celebrarse el jueves de esa semana, que cae el 6. No obstante, aún no hay nada confirmado, y en la bancada violeta prefieren esperar, dadas las incertidumbres sobre el apoyo a ambos proyectos. Incluso se está evaluando la posibilidad de realizar dos sesiones separadas para tratar la reforma electoral y Ficha Limpia, algo que en un principio se había descartado.

“Estamos en un proceso, las cosas van a ir cambiando”, comentaron en Balcarce 50, sin poder dar certezas. Sin embargo, reconocieron que las fechas podrían complicarse debido a que el reglamento establece que deben pasar al menos siete días entre la aprobación de un proyecto en Diputados y su discusión en el Senado. Las sesiones extraordinarias concluirán el 20 de febrero, lo que añade presión al calendario.