Nuevamente, la Casa Rosada apuesta a que los gobernadores dialoguistas ejerzan presión sobre diputados y senadores con el objetivo de superar una semana compleja en el Congreso. En el centro del debate hay tres asuntos clave: los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la creación de una comisión para investigar el escándalo de las criptomonedas y el DNU firmado este lunes que busca facilitar un acuerdo con el FMI.

Semanas atrás, los mandatarios provinciales alineados con el oficialismo ya habían intervenido para bloquear la conformación de la comisión investigadora en el Senado. Esta maniobra, sin embargo, generó un fuerte revés para la bancada de la UCR, que primero impulsó la iniciativa y luego la desestimó. En esta ocasión, la situación es aún más compleja, ya que el Gobierno enfrenta varios frentes abiertos y el respaldo de los gobernadores no garantiza resolverlos todos.

En relación con los candidatos propuestos para la Corte Suprema, el bloque de Unión por la Patria trabaja para reunir los votos necesarios que permitan rechazar sus designaciones en una sesión que aún no tiene fecha confirmada. En el caso de Lijo, su pliego ya cuenta con dictamen, por lo que la clave será verificar si efectivamente no logra los dos tercios requeridos para su nombramiento. De no alcanzarlos, deberá seguir su carrera como juez federal.

Por otro lado, la situación de García Mansilla presenta algunas particularidades. Ya ha jurado como miembro de la Corte en comisión, lo que según el Ejecutivo le permitiría continuar en su cargo hasta el cierre del año legislativo, incluso si su pliego es rechazado. Sin embargo, algunos especialistas en derecho sostienen una postura distinta sobre el asunto.

A pesar de todo, el pliego de García Mansilla aún no cuenta con dictamen para ser tratado en el recinto, ya que le falta una firma. Dentro del bloque radical persisten las discusiones sobre qué postura adoptar, aunque lograr un criterio unificado parece complicado. Algunos senadores de la UCR sostienen que ambos pliegos deben ser rechazados simplemente por haber sido impulsados a través de decretos presidenciales.

Los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Maximiliano Pullaro y Leandro Zdero han demostrado tener una fuerte influencia sobre las decisiones del radicalismo en el Senado, por lo que estarán atentos a cualquier requerimiento que llegue desde la Casa Rosada.

Por otro lado, este lunes se formalizó la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles a las 12, con el fin de abordar todas las iniciativas relacionadas con el escándalo de las criptomonedas. A partir de ese momento, habrá un margen de 30 minutos para reunir el quórum de 129 diputados y así dar inicio al debate sobre los diez proyectos presentados por los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el FIT. Entre las propuestas figuran pedidos de informes, solicitudes de interpelación y, nuevamente, la conformación de una comisión investigadora.

En conversaciones reservadas, el Gobierno ha ofrecido a los bloques dialoguistas la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para responder las preguntas de la oposición. Sin embargo, esta opción no parece convencer a los legisladores críticos, quienes exigen explicaciones más contundentes de parte de Javier Milei y su entorno.

Una vez más, en la Casa Rosada confían en el respaldo de algunos gobernadores aliados para evitar que la oposición más dura, encabezada por el kirchnerismo, capitalice la situación. Los mandatarios provinciales afines al oficialismo reconocen que Milei sigue contando con un buen nivel de apoyo en sus distritos y buscan mantener una relación fluida con la administración nacional, especialmente en un contexto de ajuste en las cuentas provinciales.

Desde los bloques dialoguistas ya adelantaron que, si la comisión investigadora llega a conformarse, no planean citar de inmediato a figuras clave como Karina Milei, sino que prevén avanzar de manera progresiva. Mientras tanto, en el Ejecutivo consideran que las causas judiciales abiertas en el país y en el exterior ya están sacando a la luz información sensible sobre el caso.

Los últimos sondeos reflejan el impacto negativo que ha tenido este escándalo en la imagen de Milei, quien sigue pagando un alto costo por su involucramiento en la maniobra.

Durante su discurso de apertura de sesiones el pasado 1 de marzo, Javier Milei anunció que enviaría el acuerdo con el FMI al Congreso para su aprobación. Sin embargo, lo que finalmente hizo fue firmar este lunes un decreto de necesidad y urgencia para habilitar su ratificación, sin brindar detalles sobre su contenido.

“La desesperación de Milei es total. Él mismo y todo su gabinete están involucrados en este verdadero delito de estirpe constitucional. Lo admite su propio decreto: si el FMI no les da dinero, su gobierno colapsa. No por herencia, no por terceros, sino por las propias decisiones que tomaron en estos meses”, sostuvo el senador de Unión por la Patria, Martín Doñate.

El decreto fue publicado en un contexto de turbulencia en los mercados, que cerraron el lunes con fuertes caídas, afectadas por medidas proteccionistas impulsadas en el ámbito internacional por Donald Trump.  

A partir de su publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días hábiles para remitir el DNU a la comisión bicameral de Trámite Legislativo. Si la comisión no lo analiza en ese período, podrá ser tratado en cualquiera de las dos cámaras luego de otros diez días hábiles.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su confianza en que el oficialismo logrará los votos necesarios en la Cámara de Diputados para evitar el rechazo del decreto. Además, justificó el uso de esta vía argumentando que «en el Senado hay mayoría kirchnerista«, lo que, según él, impediría su aprobación mediante una ley, como establece la normativa vigente.

Una vez más, los gobernadores dialoguistas podrían inclinarse a respaldar al Gobierno, otorgándole esta «herramienta» para la gestión económica, pese a que el Ejecutivo se negó a discutir el Presupuesto 2025, a pesar de los reclamos en ese sentido.

En paralelo, un grupo de diputados y diputadas de Unión por la Patria, entre ellos Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, presentaron este lunes una denuncia penal contra Milei, acusándolo de desconocer la legislación y vulnerar las atribuciones del Poder Legislativo. Según argumentaron, su accionar podría encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, solicitaron una medida cautelar que impida la continuidad de la maniobra.