Un nuevo escenario de disputa entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el resto de sus pares comienza a escenificarse. Esta vez es a raíz de lo que se ha denominado la “Ley Schiaretti”. Radica, básicamente, en el pedido que realizó hace unos días el gobernador de Córdoba al presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que se desprenda de los costos en subsidios en agua (AYSA), electricidad (Edenor y Edesur) y transporte a la región del AMBA.

Esto, en el contexto del acuerdo con el FMI y el objetivo de reducir el déficit fiscal. Previamente, el primer mandatario les había pedido un esfuerzo y recortes a los gobernadores. De allí el contragolpe.

Son históricas las diferencias en los costos que abonan los residentes de la Capital Federal, el Conurbano bonaerense y otros destinos de la provincia de Buenos Aires en materia energética y el transporte en comparación con la mayoría de las demás provincias. A pesar de que el escenario de equidistancias no es actual, la coyuntura podría llegar a ser el puntapié para que comience a existir, en el mediano plazo, una equidad un tanto más razonable.

En este marco, surgió el planteo de Schiaretti, que además fue respaldado por otros gobernadores peronistas como el salteño Juan Manuel Urtubey. Incluso, los diputados del interbloque Argentina Federal presentaron un proyecto en este sentido denominado ‘Equidad Federal’, según consigna el diario La Nación.

En la actualidad, el gobierno nacional destina $110.000 millones en subsidios a energía, obras de agua y transporte a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. El 80% de esas partidas ($90 mil millones) van a las arcas de la administración de Vidal. Los 20.000 mil millones de pesos restantes, a las de Horacio Rodríguez Larreta.

VIDAL CON EL APOYO DE INTENDENTES PERONISTAS

Vidal, mientras tanto, va sumando voces en defensa. Más allá de los respaldos obvios de intendentes, dirigentes y legisladores bonaerenses del riñón, la gobernadora pretende ampliar la base. Para ello ya sabe que contará –una vez más- con el ‘PJ dialoguista’ que encabeza el intendente de Lomas de Zamora -¿y candidato a gobernador?- Martín Insaurralde. En paralelo, y en el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, fue enviado hace algunas semanas a recorrer el interior provincial. Por caso, consiguió, el respaldo público de los alcaldes del interior, el peronista Hugo Corvatta (Saavedra) y el massista Carlos Bevilacqua (Villarino), entre otros.

Leo Nardini (Malvinas Argentinas), ‘Juanchi’ Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín) y el propio Insaurralde, también han manifestado su rechazo al pedido de los gobernadores.

Otro que puso el grito en el cielo es uno de los sindicalistas con mejor diálogo y llegada a Macri, el titular de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri. Según señala el diario Clarín, cree que el traspaso podría culminar en el “desguace” o “complicar la operatividad” de AySA. En el punto más álgido de conflictividad con el sindicalismo, el gobierno también intentará no perder otro aliado en el mundo gremial.

Quien tendrá una ardua tarea a futuro será el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, para volver a negociar con los gobernadores y buscar una tregua. La discusión por el Presupuesto 2019 se acerca y situaciones como estas complican el ya difícil panorama de Cambiemos. Intentarán llegar a un acuerdo político como fue el del año pasado vinculado al Fondo del Conurbano.

A pesar de que en el corto plazo parecería no existir una vía de solución, desde algunos sectores del gobierno nacional especulan, para evitar que la sangre llegue al río, una transferencia de estos recursos de forma progresiva. Para ser más exactos, en un plazo de alrededor de cinco años.