El intento del oficialismo por frenar el avance de las audiencias públicas vinculadas a la modificación de la ley de Glaciares no prosperó, al menos por ahora. Mientras el Gobierno buscaba enfriar la convocatoria, el número de personas inscriptas siguió creciendo de manera acelerada. A mitad de la jornada del miércoles ya se registraban 27.837 participantes anotados para exponer, una cifra que refleja el fuerte interés social frente a un debate que atraviesa la discusión sobre el uso de los recursos naturales.

El volumen de inscriptos también deja en evidencia la distancia entre el discurso económico del ministro Luis Caputo y amplios sectores de la sociedad que cuestionan el rumbo que impulsa el Gobierno en materia de explotación de recursos.

“Luego de escuchar a los gobernadores, todos dijeron que no hay vuelta atrás. Estamos eliminando la volatilidad política. No queremos que todos sean libertarios pero lo importante es que todos vayamos por la misma ruta. Lo que debemos evitar es a quienes quieren ir en la dirección inversa”, sostuvo Luis Caputo durante su exposición en el evento Argentina Week, antes del panel que compartió con Santiago Bausilli, titular del BCRA.

Sin embargo, la seguridad jurídica que buscan las empresas mineras que participaron esta semana del encuentro en Nueva York no parece tener el mismo respaldo en los territorios donde se desarrollan los proyectos extractivos. La resistencia social y ambiental aparece como un contrapunto a las expectativas del oficialismo y de los actores económicos que acompañan esa agenda.

El Gobierno pretendía acelerar la aprobación de los cambios en la ley que protege los glaciares y los ambientes periglaciares. No obstante, debió retroceder ante una obligación legal: el país está adherido al Acuerdo de Escazú, que exige la realización de audiencias públicas cuando las decisiones impactan sobre el ambiente.

En ese marco, se fijó el 25 de marzo para las exposiciones presenciales y el 26 para las intervenciones virtuales, con la intención de garantizar una participación federal. Con el crecimiento explosivo de las inscripciones, el oficialismo podría enfrentarse a la necesidad de escuchar a decenas de miles de oradores, salvo que intervenga el listado de participantes, una posibilidad que algunos ya anticipan.

El ex diputado de Cambiemos, Juan Carlos Villalonga (2015-2019), advirtió irregularidades en el proceso. Tras registrarse el 5 de marzo, recibió un correo en el que se le confirmaba que “usted se encuentra debidamente inscripto a las audiencias públicas”. Sin embargo, el 10 de marzo llegó un nuevo mensaje con una redacción diferente: “Se ha recibido su solicitud de inscripción”. Para el ex legislador, ese cambio semántico sugiere una posible manipulación del registro.

Las críticas también llegaron desde el Congreso. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó públicamente el procedimiento.

“Dejen de hacer trampa con la audiencia pública de Glaciares. La inscripción comenzó el 5 de marzo y ya pasaron 5 días sin que se haya publicado el registro de personas inscriptas, algo básico para garantizar transparencia y control ciudadano. Todos sabemos que los derechos no son absolutos, pero con más de 20.000 personas inscriptas resulta imprescindible ampliar la cantidad de días de la audiencia para garantizar una participación real, efectiva e inclusiva, en cumplimiento de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, expresó en sus redes sociales. Después de las audiencias, planteó, deberá votarse el proyecto.

¿Quién decide qué glaciar importa?

Un informe reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) titulado “La minería avanza, la protección del agua retrocede” analiza los cambios impulsados por La Libertad Avanza junto a compañías mineras. El documento, elaborado por Andrea Burucua, advierte sobre las consecuencias del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

La iniciativa establece que cada provincia será la encargada de determinar qué glaciares y qué áreas periglaciares constituyen reservas estratégicas de agua o cumplen funciones clave para la recarga de cuencas hidrográficas. En caso de considerar que un glaciar no cumple con esas funciones, la provincia podrá comunicarlo al IANIGLA, que debería retirarlo del Inventario Nacional de Glaciares.

Según el análisis de Burucua, esta modificación altera el espíritu de la normativa vigente.

“Se rompe la lógica del inventario nacional al permitir que cada provincia pueda excluir del mismo, y por lo tanto de la protección de la ley, aquellos glaciares o ambiente periglaciales que consideren. Se desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo de protección ambiental, facultando a cada provincia a decidir qué proteger y qué no, a autorizar o no minería donde lo considere; destruye la mirada ecosistémica de la ley vigente”, sostuvo la investigadora.

De acuerdo con esa mirada crítica, la relevancia hídrica de los glaciares podría terminar condicionada por los intereses de grandes compañías como Río Tinto, el proyecto Vicuña o Glencore.

La autora del informe remarcó además la importancia del sistema glaciar para el abastecimiento de agua en regiones áridas.

“En los Andes áridos, entre un 25 y un 50% del agua que traen los ríos, especialmente en los años de sequía, proviene del sistema de glaciares (glaciar y ambiente periglaciar). Es importante destacar esto último: la concepción sistémica. No estamos hablando de un glaciar, ningún glaciar existe solo, es parte, consecuencia de un ecosistema que hay que proteger en su conjunto”, explicó.

Durante las reuniones de comisión en el Senado —que no tuvieron carácter de audiencias públicas— varios especialistas coincidieron en que la ley vigente no prohíbe la actividad minera. Sin embargo, los cambios propuestos beneficiarían a grandes empresas del sector, entre ellas Barrick Gold, que en el pasado había judicializado la norma con argumentos similares a los que ahora retoma el oficialismo.

El mensaje que transmitieron funcionarios y empresarios en el evento Argentina Week, realizado en Nueva York, fue directo: promover el país como destino de inversión para la explotación de recursos naturales.

“Todos los gobernadores están de acuerdo en que ésta es la ruta a seguir”, afirmó Luis Caputo, al destacar el respaldo de los mandatarios provinciales. Once de ellos participaron del encuentro.

En esa misma línea, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Braun, subrayó las oportunidades vinculadas a los minerales estratégicos.

“El potencial mineral crítico de la Argentina está ahí. Con capacidad de ejecución y un marco de inversiones adecuado se posibilitará que este potencial se transforme en proyectos reales”, señaló durante un panel dedicado al sector nuclear.

El tono fue aún más explícito en la intervención de Omar Adra, fundador y CEO de UrAmérica y representante de Meitner Energy.

“Estamos acá para vender Argentina. Para mostrarles la importancia y la oportunidad que tiene el país de ser un socio estratégico para los Estados Unidos para la demanda de uranio”, sostuvo.

Entre los participantes también estuvo Corporación América, el conglomerado empresarial de Eduardo Eurnekian.

La relación entre el negocio del uranio y la política exterior argentina tiene antecedentes. En 2018, Omar Adra integró la delegación que viajó a Rusia junto al entonces presidente Mauricio Macri, donde se firmó un memorándum de entendimiento para la extracción de ese mineral estratégico.