En la Universidad de San Martín, el Movimiento Evita y el diputado nacional Leonardo Grosso organizaron una jornada de debate en el marco de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. En el encuentro estuvo la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, el Secretario General de CTA Hugo Yasky, y el rector de la UNSAM Carlos Ruta. La Ministra de Seguridad de La nación Cecilia Rodríguez iba a participar del encuentro, pero los acontecimientos en Villa Lugano la obligaron a priorizar el trabajo de gestión. En su lugar participaron algunos funcionarios del ministerio.

La actividad se realizó en el marco del Mes contra la Violencia Institucional que tuvo como objetivo visibilizar las problemáticas del gatillo fácil, causas armadas y narco criminalidad. Además, el 20 de febrero se inició el juicio contra dos policías bonaerenses por la Masacre de La Carcova, donde fueron asesinados dos jóvenes de 16 y 17 años, y otro de 19 fue herido de gravedad. Todos los lunes de febrero se llevaron a cabo distintas actividades de concientización y movilización a Tribunales de San Martín donde participaron personalidades de la cultura, el deporte, autoridades judiciales, sindicales, organizaciones sociales y de derechos humanos.

Al tomar la palabra, Gils Carbó repasó la masacre de José León Suárez, que provocó el libro de Rodolfo Walsh, la de Carcova, y el caso de Luciano Arruga. “La policía ejerce un gran poder en lugares marginales y en los barrios”, comenzó diciendo. Luego se refirió a la “complicidad judicial para que se ejerza la violencia institucional y la impunidad”.

Dijo que uno de los grandes problemas es que “la ley no define quién lleva la investigación, entonces ni el juez ni la fiscalía están capacitados. Por lo tanto es la policía quien determina las pruebas y los culpables”, y se lamentó porque “la política criminal se termina armando con decisiones personales de la policía”.

Gil Carbó describió un “esquema autoritario, un resabio de la dictadura que no pudo ser superado, y los jueces y fiscales terminan siendo partícipes del sistema policial”. Advirtió que se utiliza “ampliamente la ley actual y creamos nuevas procuradurías para ayudar a los fiscales”. Pidió que los jueces deleguen trabajo a los fiscales y rescató el trabajo de la PROCUBIN y el fiscal Abel Cordoba. “Vamos a hacer lo imposible para terminar con la violencia institucional”, mencionó antes de terminar.

Luego, el diputado nacional Leonardo Grosso recordó los episodios de violencia institucional en el distrito. “Desde el primer momento nunca dudamos de qué lado estar, siempre junto a las victimas y a las familias. Por eso construimos esta campaña”.

“Tenemos una larga historia de violencia institucional, y siempre mueren los mismos, pobres y trabajadores, para mantener el status quo y el control social. También hay un problema cultural y una doble vara de la Justicia. Es imposible acceder a la Justicia si uno es pobre. La Justicia colabora para generar este problema, y también los medios de comunicación que amplifican estereotipos”, agregó Grosso.

Pidió por un “nuevo pacto social donde se respeten los Derechos Humanos” y denunció la connivencia en San Martín entre el narcotráfico y la policía bonaerense. “Hace cinco meses hicimos la denuncia de 30 muertos en San Martín por los tiros que trae la droga, porque la droga no entra sola a los barrios, entra con armas. Y aún la Justicia no hizo nada”, dijo el diputado nacional.

“Estas batallas se pueden dar porque tenemos un piso de conciencia de derechos más alto después de 10 años de avances. Los Derechos Humanos son política de estado, no de un gobierno. Algunos dicen que esto es un fin de ciclo, y provoca que muchos se animen a hacer macanas. Acá no hay ningún fin de ciclo, esto recién empieza”, agregó Grosso, que también denunció represión en el Barrio 9 de julio.

Para cerrar, Hugo Yasky, dijo que “la violencia policial es la más recurrente, que es la herramienta más común de dominación a las clases populares. Hay que ir hacia adentro del aparato del estado para desarticularla”.

Y también dejó una declaración con aire autocrítico: “Hay muchos dentro de nuestro proyecto nacional que también piensan que cierto grado de violencia institucional es necesario, y sino miremos a ciertos personajes del gobierno provincial o del resto del país”.