"El intento de apretar, de atentar, no va a resultar" advirtió ayer el juez federal Germán Castelli, uno de los magistrados que integra el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de San Martín, que fue incendiado y parcialmente destruido por desconocidos anteayer a la madrugada. Castelli estuvo ayer en el tribunal e intentó cuantificar los expedientes judiciales quemados. Todas son causas por delitos graves: tráfico de drogas, trata de personas, secuestros extorsivos y delitos de lesa humanidad, los que habitualmente trata la justicia federal.

Entre los expedientes que se acumulan en el tribunal está la causa por narcotráfico que llevó a la cárcel a Miguel Angel "Mameluco" Villalba ex candidato a intendente de San Martín, a quien la diputada Elisa Carrió vinculó con el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisario general Pablo Bressi.

Claro que no es la única causa delicada que siguen los magistrados. Todas las causas del Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín son por delitos complejos. El magistrado dialogó ayer con LA NACION poco después de verificar y cuantificar los daños. Consideró grave el ataque a un tribunal federal en plena democracia y pidió llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los autores materiales e ideológicos del siniestro, que no dudo en calificar como atentado.

-¿Qué causas penales se tramitan en el tribunal?

-Son todas causas graves las de nuestra competencia: tráfico y comercialización de drogas, trata de personas, secuestros extorsivos y delitos de lesa humanidad, entre otros delitos.
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-¿A quién se está juzgado por delitos de lesa humanidad?

-A Luis Patti, entre otros imputados.

-¿Este tribunal condenó a "Mameluco" Villalba?

-Sí. Lo condenamos un par de años atrás. Se acumularon varias condenas que resultaron en una sentencia de más de veinte años de prisión, creo recordar.

-¿Cuál fue el último juicio?

-Ahora estábamos trabajando en los fundamentos de una sentencia en una causa por drogas .

-¿Tienen algún indicio de dónde puede provenir el incendio?

- No. Se está investigando. Pero es claro que los autores quisieron que se sepa que el ataque fue intencional. No sólo porque se encontraron bidones y un encendedor, sino además por la nota dirigida a la gobernadora. Querían que se sepa que fue un atentado.

-¿Se puede determinar de qué sector provino el atentado?

-No nos corresponde a nosotros investigar. Pero espero que se llegue hasta las últimas consecuencias. Exigimos individualizar no sólo a los autores materiales, sino además a los autores intelectuales del ataque al Tribunal. Lo que pasó aquí es muy grave. Fue un ataque a la justicia federal en plena democracia.

-¿Se comunicó con los miembros del tribunal el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

- Sí, se comunicó con el presidente del Tribunal. También lo hizo el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal de San Martín. Todos nos ofrecieron su respaldo institucional. Y nos dieron tiempo para poder reconstruir los daños y las causas. Se nos concedió como si estuviésemos en feria judicial y exención de sorteos de causas para el tribunal durante dos semanas. El intento de atentar, de apretar, no va a resultar? nosotros vamos a reconstruir las causas y vamos a seguir adelante con el servicio de justicia.

¿Se comunicó con ustedes la gobernadora María Eugenia Vidal?

-No, todavía.

¿Pero ella era objeto de la intimidación también?

- Sí, la nota decía que la gobernadora se vaya de San Martín y había impresa la imagen de un arma de fuego? Fue un atentado institucional, sin duda alguna.

Esta nueva amenaza a la gobernadora Vidal se registra en un año cargado de intimidaciones contra la jefa de Estado.

Meses atrás Vidal recibió inclusive una bala en la antigua casa de la ciudad de Morón, que compartió con su ex esposo Ramiro Tagliaferro.

A partir del nuevo ataque, las autoridades del Ministerio de Seguridad la provincia adoptaron nuevas medidas para salvaguardar la integridad de la gobernadora y de su familia. Los cambios, según confiaron sus allegados, no se darán a conocer para favorecer la seguridad de la jefa de Estado.