El diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, criticó con dureza las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema de inteligencia, que fueron establecidas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La norma, publicada este viernes en el Boletín Oficial, reestructura la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y habilita a su personal a aprehender personas en determinados casos.

La medida, que ya había sido anticipada por el Poder Ejecutivo, generó un rápido rechazo en sectores de la oposición, que advirtieron sobre el alcance de los cambios introducidos en la ley de inteligencia. Entre ellos, Galmarini sostuvo que este tipo de definiciones “deberían pasar por el Congreso Nacional” y ser debatidas en profundidad.

“Aun entendiendo la complejidad del mundo actual, en un país que sufrió tantas interrupciones democráticas, estas reformas no pueden resolverse por decreto”, expresó el legislador a través de su cuenta de X (ex Twitter). En ese sentido, remarcó que “delimitar las misiones y funciones de inteligencia requiere de una mirada integral y de la mayor honestidad intelectual”.

El DNU establece que los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional estarán habilitados a brindar su propia seguridad y protección, tanto de instalaciones y bienes como de personal, operaciones e información. Además, los faculta a “repeler o hacer cesar agresiones” que pongan en riesgo esas actividades.

Uno de los puntos más cuestionados es el que autoriza al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia”, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad correspondientes.

La norma también redefine las tareas de contrainteligencia, incorporando entre sus objetivos la prevención de infiltraciones, espionaje, sabotajes y acciones de injerencia externa que puedan afectar el orden constitucional, el sistema republicano de gobierno o los intereses estratégicos del país.

Desde la oposición anticiparon que el próximo capítulo de la discusión será en el Congreso, donde buscarán impugnar el DNU para evitar su vigencia. Sin embargo, reconocen que el camino será complejo, ya que para dejar sin efecto el decreto se requiere el rechazo en ambas Cámaras; de lo contrario, la medida continuará vigente.