Si bien las mayores pujas entre la política y la Justicia suelen darse en el fuero federal con sede en Comodoro Py, el plano local en la Ciudad de Buenos Aires no está exento de idas y vueltas por fallos. Y el juez Roberto Gallardo, que viene de ordenarle a Horacio Rodríguez Larreta el repliegue de la Policía porteña, es uno de los que más cruces ha tenido con la Jefatura de Gobierno.

El magistrado es titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad. De bajo perfil público, se ha ganado el repudio y las críticas de las autoridades porteñas.

En lo que va del año eso ocurrió al menos en dos ocasiones que tomaron amplia difusión. La última fue el lunes pasado cuando le ordenó al jefe de Gobierno porteño que cese la intervención de la Policía de la Ciudad en todo lo relacionado a la vicepresidenta, su custodia y su domicilio. Rápidamente el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro anunció su recusación y lo calificó: «Es un juez kirchnerista».

Antes de ese episodio que se terminará de dirimir con la actuación de la Cámara que definirá si hace o no lugar a la recusación, Gallardo le había causado otro gran problema a Larreta. Fue cuando en abril pasado cuando el juez Gallardo ordenó a la Ciudad la suspensión del sistema de reconocimiento facial.

La medida se tradujo en una serie de allanamientos y órdenes de recolección de pruebas para determinar si se habían recopilado datos de personas que no formaban parte del listado de prófugos de la Justicia.

En un listado que se conoció por aquellos días el Juzgado daba cuenta que hubos registros de dirigentes como Cristina Kirchner y otros dirigentes oficialistas y opositores.

El enfrentamiento no sólo fue en el escenario público sino que tuvo su capítulo en la Justicia: hace casi un mes lograron apartarlo de la causa por decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño.

En enero de 2008 firmó un fallo en el que ordenó al Ejecutivo porteño la reincorporación de 2.300 empleados cesanteados por la Ciudad. Ese mismo año también fue noticia al frenar una licitación para renovar las paradas de colectivos y carteles de señalización impulsada por el macrismo para direccionar el negocio de la publicidad callejera.

En 2010, a su vez, ordenó desconectar un gigantesco cartel luminoso que había frente al Obelisco bajo el argumento de que era un riesgo para la seguridad vial: lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura pero el proceso no logró su remoción. No fue la única vez que lo denunciaron.

Dos años antes, y con su perspectiva social del derecho, también le puso una multa a Macri: fueron 1.500 pesos diarios del 2008 mientras no cumpla con la orden de poner en funcionamiento una sala de primeros auxilios que funcionaba de manera precaria en Villa Soldati.