Mientras el Gobierno presiona al Poder Legislativo para que se sancione definitivamente la Reforma Laboral, una de las deudas pendientes de la gestión libertaria, la brecha entre gobernadores es cada vez más clara. Un grupo de mandatarios opositores emitieron un comunicado que apunta directamente a «supuestos modernizadores» y que rechaza el proyecto enviado desde Casa Rosada.

Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa fueron las provincias que se adhirieron al comunicado contra la Reforma Laboral. Lejos de la propuesta inicial, el grupo de mandatarios provinciales aseguraron que el cambio en la legislación no puede orientarse al «desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones».

Sin embargo, aclara: «Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo. La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades.»

Cabe destacar que para destrabar el apoyo en el Senado, el Gobierno tuvo negociar con gobernadores y ceder en puntos fiscales. Se eliminó la baja prevista en el Impuesto a las Ganancias que Milei buscaba para las empresas, ya que los mandatarios (liderados por figuras como Marcelo Orrego de San Juan) advirtieron que esto desfinanciaría sus arcas al ser un impuesto coparticipable.

«La propuesta oficial presentada como “modernización debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente
incertidumbre laboral. Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava.», añade el texto.

El debate, que ahora tendrá lugar en el Congreso, se da en el marco de una crisis industrial que alcanza a miles de empresas, incluido el cierre de la história planta de Fate en San Fernando que dejó sin trabajo a más de 900 operarios. «Desde que llegó el actual gobierno, su plan económico pulverizó 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, con los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa».

Por último, el comunicado indica: «Convocamos a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas con el aporte de distintos espacios políticos y actores sociales.»