Radicales, peronistas e inlcuso macristas se alinean en contra de las medidas del gobierno libertario. Los mandatarios provinciales aseguran que el Presidente condiciona la modificación del Impuesto a que le aprueben el paquete de reformas en el Congreso.
Las propuestas del actual presidente Javier Milei para reformar el Estado y desregular la economía generó la unión temporal de la oposición: Desde radicales, peronistas y hasta macristas han manifestado su molestia por la Ley ómnibus y el mega DNU presentados por el presidente junto a Federico Sturzenegger, el influyente asesor sin cargo en el Gobierno.
Es que el alcance de los cambios que exige la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es de una magnitud nunca vista, en diferentes medidas, afecta a todos los funcionarios de cualquier color político. Si ya tenía complicado el respaldo de la UCR, clave para conseguir el aval de la Cámara de Diputados, ahora se suma el fuerte rechazo de referentes territoriales de Pro, la fuerza que está más comprometida con la gestión de La Libertad Avanza.
“Tira los temas sin generar un consenso previo. Vamos detrás de su agenda”, explican en el entorno de un gobernador radical. El enojo refiere a que Milei les exige que respalden a libro cerrado el megaDNU y el inabarcable proyecto legislativo en tiempo récord y sin haberlo debatido.
Desde las líneas amarillas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en las últimas horas salieron en bloque a cuestionar con dureza los cambios que introduce el proyecto de ley ómnibus del Gobierno en la actividad pesquera. Torres y Montenegro consideran que la decisión fue unilateral e “inconsulta”. El hecho de que la Casa Rosada no les haya ni siquiera avisado de la profundidad de los retoques en la ley pesquera les deja un fuerte sabor amargo en la boca. La táctica del “a todo o nada” que usa Milei en el arranque de su gestión le abrió diversos frentes de conflicto y alinea a los enemigos de sus reformas.
“Es una torpeza lo que hicieron. No lo podemos avalar. No plantean desregular para generar más divisas, al contrario, esto es pegarse un tiro en el pie”, aseguró Torres, quien ya habló con la cúpula de Pro y mantiene contactos frecuentes con Mauricio Macri.
Un grupo del Pro considera que el Ejecutivo apeló a un diseño improvisado de la ley sin antes avanzar con un estudio de las problemáticas del sector. También lamentan que no haya interlocutores con la Casa Rosada y que aún no haya sido designado el subsecretario de Pesca, que está bajo la órbita del ministro de economía Luis “Toto” Caputo.
“Si avanzan, Mar del Plata se va a convertir en Detroit [que se vio afectada años atrás por la caída de la industria automotriz]. El trabajo que da la pesca se equipara a 16 parques industriales”, apuntan desde el entorno de Montenegro. El senador provincial Alejandro Rabinovich (Pro), un estrecho colaborador de Montenegro, se puso al frente de la estrategia para armar la resistencia bonaerense. Preparan pronunciamientos de la Legislatura provincial y mueven contactos con legisladores nacionales. En Pro y en la UCR especulan con que el Gobierno dará marcha atrás con los cambios impulsados para el sector pesquero porque aglutinará los representantes de Buenos Aires, el distrito más influyente del mapa político, en el Congreso y a los alfiles de la Patagonia.
Torres se movió en coordinación con los gobernadores de la Patagonia para rechazar los cambios. En un comunicado conjunto, Torres, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) advirtieron que la reforma que propone Milei para el sector pesquero “generaría un efecto destructivo” y tendría “consecuencias devastadoras” para esa industria en sus provincias. Alertaron sobre los “perjuicios que generaría para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos”.
Las Provincias Patagónicas rechazamos las modificaciones que impone la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, conocida como “Ley Ómnibus”, sobre el Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922. (1/2) @gustavomelella @ClaudioVidalSer @NachoTorresCH… pic.twitter.com/iC6zcThgas
— Patagonia Argentina (@lapatagonia_ar) January 2, 2024
Montenegro y Torres ya se contactaron con el jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, para alertarlo sobre el impacto que provocaría en la economía de los distritos que gobiernan la reforma del régimen federal de pesca que plantea la iniciativa. Asimismo, Miguel Ángel Pichetto, a cargo de la bancada Hacemos Cambio Federal se queja de que no fueron consultados por funcionarios del Gobierno y advierten que las medidas podrían poner en riesgo miles de puestos de trabajo.
Mientras que, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien anunció medidas orientadas a bajar el gasto público y reducir los “privilegios” de la política en sintonía con Milei, también dejó trascender su disconformidad por la falta de diálogo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales para debatir “el DNU o la ley ómnibus”. “La mayoría de los gobernadores están acompañando al gobierno. Muchos han anunciado medidas de austeridad fiscal y rebaja del gasto político en línea con el pedido del Presidente”, indican cerca de dos referentes de la liga de gobernadores de JxC.
La estrategia de Javier Milei fue impasible y despertó la furia de los gobernadores. Asfixiados por la falta de recursos, la mayoría espera con urgencia que el Presidente cumpla con el compromiso que asumió semanas atrás en Casa Rosada: revertir el Impuesto a las Ganancias para mejorar las recaudaciones provinciales. Milei no está dispuesto a avanzar con esa reforma hasta que se apruebe el inmenso paquete de medidas que envió al Congreso. “No nos vamos a dejar extorsionar”, respondió indignado Ricardo Quintela. El riojano manifestó en público lo que Juntos por el Cambio denuncia en privado; que el oficialismo está aprovechando la acuciante situación financiera de las provincias para forzar respaldos legislativos.
De fondo está la discusión por el financiamiento de las provincias. El Gobierno suspendió las transferencias del Tesoro y agrandó el agujero fiscal de las cuentas públicas locales. Para compensar los desequilibrios, los mandatarios ofrecieron una propuesta que era coparticipar el Impuesto al Cheque. Sin embargo, Luis Caputo lo vetó por considerar que ponía en riesgo la meta de déficit fiscal cero que estableció en su programa de ajuste. Como contraoferta, Milei se comprometió a hacerse cargo de una medida antipopular: retrotraer los cambios que Sergio Massa impulsó en Ganancias en 2023 y que el mismo Presidente votó cuando era diputado nacional. «Faltó a su palabra, nos amenaza y encima ahora quiere que nosotros pongamos la cara”, dicen en Juntos por el Cambio.
En Casa Rosada niegan que sea así y que se haya cortado el diálogo con los ejecutivos provinciales. El encargado de acercar posiciones y sumar voluntades es el ministro del Interior, Guillermo Francos, hoy apuntado como responsable de la falta de acuerdos. En el entorno de Francos, destacan que fue el organizador de la cumbre en Casa Rosada en donde hubo asistencia perfecta y que mantiene contactos fluidos con todos. Aunque todos dudan de que sea un interlocutor con poder de decisión e indican que los que definen el rumbo son el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Caputo, que tiene bajo su órbita las transferencias discrecionales. «Las provincias no reciben nada. Al ministro que tiene relación política con los gobernadores le han quitado la facultad de poder disponer de los aportes del tesoro nacional y creo que hay una sola provincia que se ha beneficiado, que es la provincia de Córdoba con 3 mil millones de pesos», ejemplificó Ricardo Quintela.
Por el momento, hay un conjunto de gobernadores peronistas, encabezados por Axel Kicillof, que se oponen a los cambios en Ganancias. «No sería el camino adecuado, ya que afecta derechos de los trabajadores y por eso seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación», señalaron tras la reunión en Casa Rosada a mediados de diciembre.