Por Ariel Goldstein, para espacioiniciativa.com.ar

Estamos hablando de la crisis de 2001, aquel fenómeno que los K supieron tan bien interpretar, quizás mejor que nadie, en los límites y posibilidades que abría de cara a la recomposición del sistema. Uno de los aspectos que mejor simboliza esta sutura conflictiva que introduce el kirchnerismo desde 2003 es aquello que denominaré como el pacto de origen. Este pacto de origen significaba que luego de la experiencia neoliberal que terminó con el estrepitoso fracaso del gobierno de la Alianza dirigido por Fernando De la Rúa -quien debió renunciar al calor de una movilización heterogénea que reclamaba una respuesta a la destrucción de toda solidaridad en una sociedad neoliberalizada, hecho que terminó con las jornadas de diciembre de 2001 arrojando muertos y heridos- y del breve gobierno de Eduardo Duhalde asociado a la salvaje represión en Puente Pueyrredón de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, se iniciaba ahora una nueva etapa en la Argentina marcada, por decirlo de alguna manera, por la recuperación de la integridad del sujeto ciudadano. La recuperación de esta integridad sucedió a nivel simbólico con los juicios a los genocidas, a nivel económico con la universalización de derechos, y a nivel de la dimensión que remite a la circulación de los cuerpos en el espacio público que implicaba – y en esto quiero detenerme- la no represión de la protesta social. Los horrores del terrorismo de Estado del período 76-83 y el final del siglo argentino marcado por la movilización de los ciudadanos y el retorno de la muerte a través de la represión tejieron y sellaron en la conciencia colectiva interrogantes urgentes respecto de la necesidad de repensar el espacio público y su circulación. Sobre esa crisis orgánica de la conciencia colectiva en estado descomposición habrían de constituir su ciclo refundacional los K.

La libertad de los sujetos para expresar sus reclamos en el espacio público sin temer a ser reprimidos inauguraba una nueva etapa de la ciudadanía en nuestro país. La condena de los responsables del genocidio dictatorial necesariamente tenía que ir acompañada de una revalorización de la condición de los ciudadanos en tanto sujetos libres capaces de ejercer su derecho a la participación política en un sentido amplio. El kirchnerismo sería impensable sin este hecho fundamental estructurador de su identidad.

La coherencia hasta el momento del proyecto gubernamental en este sentido ha sido notable y ello se evidenció no solo en el respeto hacia movilizaciones del más variado tipo que complejizaban y dinamizaban el espacio público, sino también en el haber tolerado aquellas que apuntaban por medio de ese recurso a un desgaste del proyecto político que inauguraba esta nueva etapa que permitía la libre expresión de la protesta. El caso más contundente en este sentido fue la no represión de la protesta social durante el lock out patronal ejercido por las entidades del sector agropecuario, mientras estos sectores impidieron durante una cantidad de días sin precedente la circulación de los sujetos en el espacio público (paradojalmente formulando una cuasi privatización de ese espacio) y generando un desabastecimiento de los bienes primarios, paralizando en buena medida la economía nacional.

Se ha dicho, no en vano, que con el asesinato de Mariano Ferreyra se inauguraba la nueva temporalidad electoral de aquí hasta las elecciones de 2011. El asesinato de Mariano Ferreyra por parte de un sector de la Unión Ferroviaria liderada por José Pedraza nos sitúa ante un hecho desagradable que nos obliga a revisar la entidad del pacto de origen. Ferreyra, joven militante de izquierda, hacía exactamente ejercicio de aquellos derechos ciudadanos que inaugura el kirchnerismo, es decir, el ejercicio de la protesta en el espacio público por la incorporación a planta permanente de militantes trabajadores terciarizados, cuando recibe el balazo que acabará con su vida. Solo quienes efectúan una lectura maniquea, simplista e intencionada de la política pueden atribuir directamente al gobierno nacional este acontecimiento. Pero pobres también aquellos que ignoren que esta muerte sacude las conciencias políticas de cada uno de nosotros y nos obliga a nuevas discusiones respecto del rol que ocupa cada uno en el ejercicio de su praxis.

Hace unos días, la comunidad La Primavera en Formosa ejercía también sus derechos a la protesta social en la búsqueda de que les sean devueltas tierras de una pertenencia ancestral, cuando la policía provincial asesinó al indígena toba-qom Roberto López, hirió de gravedad a varios otros y quemó sus casas. La dura represión, nueva expresión de una historia de segregación y exterminio de nuestros Pueblos Originarios es una nueva deuda que como argentinos debemos prontamente saldar. Aquel proceso de “reducción a la unidad”, que señalaba Natalio Botana, liderado por la generación de 1880, el cual implicó –“Campaña del Desierto” mediante- la destrucción de las poblaciones nativas para la constitución de una identidad nacional argentina homogénea y excluyente, no es algo que podamos seguir perpetuando sin degenerarnos como sujetos políticos.

Estos dos acontecimientos nos obligan a revisar la materialidad del pacto de origen así como a reflexionar sobre las encrucijadas en las que nos sitúa el actual tiempo político argentino. Es urgente decir que estamos en peligro de que se oscurezca una de las mejores conquistas de un gobierno que supo durante momentos clave tejer pactos circunstanciales y duraderos que renovaron la política otorgándole un nuevo aura así como fueron la base para su propia constitución fundacional. La posibilidad que el kirchnerismo sea un precedente en la historia argentina y no sólo un hecho circunstancial depende de que aquellos elementos fundantes que constituyen su estepa rigurosa continúen guardando coherencia desde el inicio hasta el final.