Con la implementación del proyecto se llevará un registro unificado de todas las medidas de protección, restricción, exclusión, cautelares u otras similares que dicten los jueces de la provincia y estén tipificados como violencia familiar o de género.

Al respecto la Senadora comentó “con este proyecto intentamos agilizar procesos, que hoy son ineficientes en la provincia de Buenos Aires. Hoy en día cada comisaría maneja su propio criterio ante una emergencia en violencia de género, ante el incumplimiento de una medida judicial. Hoy, es la víctima la que tiene que dar aviso a los organismos, tiene que ir mostrador por mostrador con el papel para informar que corre peligro su vida”.

“Todos sabemos cuáles son las consecuencias de este sistema deficitario: Femicidios que cuando se investigan, cuentan con denuncias ya realizadas o medidas incumplidas. No alcanza con firmar un papel, eso no protege a nuestras mujeres. Todos los agentes que intervienen en la denuncia tienen que estar al tanto de esta información. De norte a sur de la provincia se debe tener acceso a las medidas con las que carga ese hombre violento y a los peligros que está expuesta esa mujer víctima” agregó.

“Lamentablemente no es nuevo el proyecto. Apenas asumí como senadora presente el registro, pero como muchos otros proyectos lo cajonearon, no recibió ningún tipo de tratamiento y dejaron morir a más mujeres. Espero, y por eso voy a trabajar intensamente, que este nuevo gobierno lo trate lo antes posible, así la provincia se pone a trabajar en la articulación necesaria. Insisto, no hay tiempo que perder, así como se apuraron en sancionar el pago a los holdouts esperamos que se apuren en cuidar a todas las mujeres bonaerenses”.

El registro estará disponible para todos los organismos públicos que intervienen en los procesos de prevención y protección de mujeres víctimas de género, y facilitará a los individuos el acceso inmediato en todo momento a fin de resolver cuestiones de urgencia. Para su implementación se adecuarán los medios tecnológicos, telefónicos o informáticos que permitan su funcionamiento las 24 horas los 365 días del año.

La información será reservada y solo accesible a quienes tengan un interés legítimo. El hombre que no cumpla con la medida judicial impuesta sobre su persona será reprimido con multa o arresto, ya sea exclusión o restricción perimetral.

Además el desconocimiento o inacción por parte de todo funcionario interviniente significará una falta grave.