La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño, detalló en una entrevista con Télam el trabajo de urbanización que se realiza en barrios populares de cuatro provincias para garantizar la provisión de agua potable, luz eléctrica, veredas, salitas de salud, polideportivos, equipamiento y mejora de espacios sociales.

Desde el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, que tiene como objetivo llevar servicios a al menos a 400 barrios por año, la Secretaría está trabajando en conjunto con municipios y gobiernos provinciales en 20 barrios de todo el país, pero también está «en conversación con otros 100 para abordar las necesidades más urgentes de la gente».

En este reportaje con Télam Miño -quien vive desde que nació en el barrio popular La Cava, en el partido bonaerense de San Isidro-, da cuenta de los trabajos en marcha y de los objetivos del organismo.

En los últimos días la Secretaría de Integración Sociourbana pasó de la órbita del Ministerio de Hábitat al de Desarrollo Social ¿Eso habla de un cambio de objetivos, de una concepción más integral de la integración de los barrios populares?

Si. Hace pocos días salió el DNU con la comunicación del cambio. Vamos a seguir trabajando con la misma lógica integral y ya veníamos teniendo charlas con Desarrollo Social. El traspaso busca dar respuesta más aceleradamente a las necesidades de los vecinos de los barrios populares en este contexto de pandemia.

¿Entonces, se puede avanzar con este tipo de programas aún en pandemia?

Claro que se puede y estamos trabajando en conjunto con los municipios y los gobiernos provinciales en 20 barrios populares de todo el país pero también estamos en conversación con otros 100 para abordar las necesidades más urgentes de la gente, que no solo pasan por el alimento sino también por los servicios básicos.

¿Los números de pobreza que se difundieron recientemente son un llamado de atención?

Nos exigen una respuesta. Sabemos que no son sólo producto de la pandemia sino de años de atraso y desatención. Por eso tenemos la fuerte decisión de trabajar para mejorar la situación de la gente. El ministro Daniel Arroyo nos puso una vara alta ya que nos pidió que lleguemos a 400 barrios por año.

¿Qué tipo de obras están en marcha?

Ya tenemos en marcha programas de provisión de agua potable, luz eléctrica, veredas, salitas de salud, polideportivos, equipamiento y mejora de espacios sociales donde hoy se entregan viandas porque la gente está sin trabajo y necesita también una ayuda alimentaria.

¿Se cumple con el piso que establece la ley 27.453 de integración de barrios populares de que, como mínimo, un 25% de los trabajos deben ser realizados por cooperativas integradas por vecinos de esas mismas urbanizaciones?

Sí. A través de las organizaciones sociales logramos que las obras que se están haciendo tengan ese porcentaje y en algunos casos aún más de trabajadores de cooperativas, porque la idea además de sumar infraestructura es generar trabajo. También estamos respetando el cupo para que no sean sólo trabajadores sino también trabajadoras.

Mediante convenios con sindicatos, preveemos capacitar a los trabajadores y trabajadoras para las tareas más complejas. Por ahora hemos encontrado en los barrios mucha mano de obra calificada, muchos plomeros, gasistas, albañiles. Son gente que necesita trabajo porque quizás vivían de changas y con el aislamiento perdieron mucha actividad. Otra gente se dedicaba a la recolección para el reciclado y eso estuvo parado mucho tiempo por las restricciones a la circulación.

¿Dónde están trabajando actualmente?

En La Matanza, Lomas de Zamora, San Isidro, Almirante Brown, San Vicente y barrios populares de Río Negro, Entre Ríos y Santa Fe. No importa el signo político del gobierno. Resulta inevitable que haya muchos proyectos en el conurbano ya que de los 4.400 barrios populares registrados, la mitad están en esa área. En ninguno de esos lugares trabajamos solos, sino que articulamos con el gobierno provincial, el municipal y las organizaciones sociales que son las que tienen más llegada a los vecinos.

¿Con qué presupuesto cuentan?

La Secretaría tiene presupuesto propio. (N.R: para el Programa Argentina Unida se prevén $17.400 millones en infraestructura para los inscriptos en el “Registro Nacional Barrios Populares”). Pero también tenemos convenios de financiamiento del BID para ciertos proyectos y de la CAF. También un fideicomiso que surge del impuesto PAIS a la compra de dólares y está previsto que si se aprueba el aporte solidario a las grandes fortunas una parte vaya para la integración de los barrios.

En relación con el derecho a la vivienda, en las últimas semanas se multiplicaron las tomas de tierras, ¿tiene intervención la Secretaría para destrabar los conflictos?

Estas tomas se producen producto de la desesperación de la gente de no poder acceder a una vivienda. Son el resultado de políticas que no llegaron. Inmediatamente que se producen, me ocupo de hablar con las autoridades municipales para ofrecer líneas de trabajo y articulación. La idea es que se puede descomprimir la situación de los barrios populares cercanos mejorando la infraestructura.

¿Cómo ve la situación de los barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos aires suele haber una política de “maquillaje” de los barrios populares. Buscan que se vean lindos pero quizás no mejoran la infraestructura. Ha habido buenas experiencias y nos gustaría tener coordinación. Con la pandemia no hemos tenido mucho contacto pero vamos a buscarlo. Nos llegan algunas quejas de los vecinos de que las Mesas de Participación son en realidad de comunicación de proyectos y de que no los tienen mucho en cuenta.

La pandemia obliga a abordar lo urgente para que no ocurra lo del Barrio Mujica, donde murió gente por no tener acceso al agua potable para el aseo. Entonces la gente te dice que no tienen agua potable y les hacen una placita porque se puede mostrar en las fotos.

Pero eso no sucede solo en la Ciudad de Buenos aires, el agua corriente es un privilegio en muchos barrios populares del país. Hay zonas que siguen viviendo como cuando éramos colonia, a principios del siglo XIX. La diferencia con el resto del país es que, cómo nos arrojaron los datos del Indec, CABA tiene menos pobreza y mucho más presupuesto y aún así no soluciona la problemática del hábitat de los sectores populares.

El programa “Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”, a cargo del @MinHabitatAR, prevé una inversión de $17.400 millones en infraestructura para los inscriptos en el “Registro Nacional Barrios Populares” (Renabap). pic.twitter.com/bi6xqSM3vf

— Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 19, 2020

Según el Registro Nacional de Barrios Populares que usted misma impulsó, en 2016 y 2017 había unos 4.400 barrios populares en todo el país.

Sí. Pero creemos que deben ser más. En algún caso se empezaron a hacer relevamientos. En otros casos creemos que el polígono del barrio ha crecido ya que la crisis generó que mucha gente se quedase sin medios de vida y tuviese que buscar un lugar en los barrios populares.

Además del agua potable, hace algunos meses manifestó su preocupación por el servicio de gas ya que no todas las familias acceden a la garrafa social.

Sí. Las familias que no tienen electricidad usan el gas para todo. Y a veces no les alcanza una garrafa y tienen que comprar varias por mes. En el sur del país también usan mucho gas para calefaccionarse y es tan necesario como el agua.

Sin embargo, hay muchos sectores que no están de acuerdo con que los barrios reciban los servicios gratis.

Siempre hubo detractores de esta ayuda. Hay gente que no entiende que el estado se ocupe de ayudar a una familia de seis personas que solo recibe un sueldo complementario de 8.500 pesos por mes. Yo los invitaría a los que critican la ayuda social a que vengan al centro cultural que tenemos en el barrio La Cava, en San Isidro, donde yo vivo. Antes, con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, dábamos talleres y cursos. Ahora damos viandas, y la olla nunca alcanza. Después de esta pandemia vamos a tener que reconstruir el entramado social.

Entonces, usted es una voz autorizada para definir cómo es la situación a nivel servicios en La Cava. ¿Hubo alguna mejora en los últimos años?

La Cava existe hace 60 años. Mis padres llegaron desde Chaco y se instalaron acá hace mucho y hay zonas en las que se hicieron mejoras y la gente pudo acceder a una vivienda, pero como no se hizo de modo integral ni planificado, volvían a tomar los terrenos que habían desalojado. Es La zona de El Pozo en La Cava está igual hace 30 años. Por eso queremos trabajar con el intendente Gustavo Posse para solucionar los problemas del barrio.

Incluso tenemos en marcha el Programa Lotear que busca crear lotes sociales con servicios en tierras propiedad del Estado, las provincias o los municipios para generar una salida y evitar las tomas de tierras.

FUENTE: Telam