Carlos Fayt tuvo una vida pública extensa. Según contó, la primera vez que le propusieron ir a la Corte Suprema fue hace medio siglo por decisión de Arturo Illia. Recién a sus 65 años, edad que para muchos da pie al retiro, Raúl Alfonsín lo nombró en el tribunal y allí se quedó 32 años, más que nadie jamás.
Algunos ven en su récord de permanencia la confirmación de la estabilidad institucional que el país logró con la democracia, pero la apreciación es engañosa: si bien Fayt se mantuvo en el cargo desde 1983, en realidad formó parte de tres cortes supremas distintas, gestadas por cada uno de los tres grandes movimientos políticos que gobernaron el país en estas décadas de democracia. La Corte de los cinco (1983-1990), nombrada por el alfonsinismo; la Corte de los nueve (1990-2003), rediseñada por el menemismo; y la Corte de los siete (2004-2014), retocada por el kirchnerismo. Todas fueron el resultado de reestructuraciones drásticas en composición y número, donde siempre se conformó una nueva mayoría íntegramente nombrada por el gobierno de turno.
Fayt y otros dos jueces de 1983 –Enrique Petracchi y Augusto Belluscio– sirvieron en todas estas cortes dando así cierta impresión de continuidad institucional. No obstante, en gran medida sus permanencias se explican porque fueron desplazados a roles minoritarios.
Otra razón es que pertenecían a una raza ahora extinta, la de los jueces vitalicios, de la cual Fayt es el último mohicano. La reforma constitucional de 1994 buscó cambiar esto obligando al retiro de los jueces a los 75 años. Fayt recibió la noticia con ira: como ya tenía esa edad, entendió que querían deshacerse de él. Entonces, saltó el mostrador, demandó al Estado y siguió el pleito hasta llegar a la Corte. El fallo del llamado “caso Fayt” fue controvertido por autointeresado: sin Fayt ni Petracchi (que se excusó), el resto de la Corte resolvió que la nueva Constitución no podía obligar a los jueces a jubilarse.
De esta raza de magistrados nombrados antes de la reforma, sólo tres llegaron a la edad límite en funciones. Fayt y Petracchi, que compitieron por el récord de permanencia, y Belluscio, que en 2005 consideró que debía irse a los 75 por haber decidido en el “caso Fayt”.
Hace un año y medio que la Corte de los siete, que duró diez años, inició un proceso de cambios: las muertes de Carmen Argibay y Petracchi, y los retiros de Eugenio Zaffaroni y Fayt, la dejaron con tres miembros y –por la transición hacia una nueva Corte de cinco– dos vacantes.
La coyuntura es interesante en perspectiva. Nuestro sistema constitucional depende en buena medida de una Corte independiente de los poderes políticos. Por ello, les da estabilidad a los jueces y limita a los presidentes a nombrar nuevos miembros sólo si surgen vacantes.
Sin embargo, la historia es otra. Lejos de contentarse con nombramientos esporádicos, casi todos los gobiernos decidieron copar la Corte designando una nueva mayoría. Esto ocurrió nueve veces en sesenta años, desde Juan Domingo Perón hasta el kirchnerismo. Apenas cuatro presidentes no lo lograron (José María Guido, Illia, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde); más por debilidad política que por no haberlo intentado.
Hacer lugar en la Corte para cada nueva mayoría requirió de intervenciones traumáticas: purgas por renuncias bajo presión o destituciones mediante juicios políticos (con Perón y Kirchner), hasta aumentos del número de jueces para generar vacantes (con Arturo Frondizi y Menem). Tuvieron sus costos pero todos los gobiernos los afrontaron con tal de tener cortes “propias”.
Por fortuna, un futuro gobierno tendrá la posibilidad de nombrar una nueva mayoría sin trabas: además de las dos vacantes ya disponibles, la jueza Elena Highton cumplirá 75 en 2017.
Aunque suene a resignación, la voracidad política por subyugar a la Corte no desaparecerá. Empero, cortar la sucesión de intervenciones con cada gobierno –de reminiscencia dictatorial– sería un gran paso hacia un modelo institucional de independencia.
