La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), junto al diputado nacional Esteban Paulón, presentó una acción judicial contra el DNU 62/2025, que prohíbe a menores de 18 años acceder a tratamientos de afirmación de género. Denuncian que la medida es inconstitucional, vulnera derechos adquiridos y constituye una represalia política contra el colectivo LGBT+.
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), representada por su presidenta, María Rachid, junto al diputado nacional Esteban Paulón, presentaron ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, dictado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional.
La acción judicial, patrocinada por el Dr. Andrés Gil Domínguez, la Dra. Flavia Massenzio y el Dr. Martín Muñoz, busca que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto. Este modifica sustancialmente la Ley de Identidad de Género, estableciendo una prohibición absoluta para que personas menores de 18 años accedan a tratamientos de afirmación de género.
El diputado Paulón manifestó que «el Decreto 62/2025 carece de la justificación de necesidad y urgencia que exige la Constitución Nacional. El Gobierno Nacional no ha demostrado por qué no pudo esperar a que el Congreso tratara este tema, cuando incluso ha convocado a sesiones extraordinarias sin incluirlo en la agenda. Esta omisión revela que el DNU no responde a una emergencia real, sino a una decisión política que elude el debate legislativo».
Además, Paulón recordó que «esta medida ignora el proceso legislativo extenso y deliberativo que llevó a la sanción de la Ley de Identidad de Género, resultado de años de debate parlamentario y social con la participación de especialistas y organizaciones de derechos humanos. La norma fue aprobada con amplias mayorías en ambas cámaras, lo que refuerza su legitimidad y estabilidad jurídica. En contraste, el DNU 62/2025 revoca en pocos días lo que llevó años de construcción democrática, sin análisis técnico ni consulta a expertos».
Para el diputado, «lo más grave es que este decreto no es una medida neutral, sino que constituye un caso evidente de desviación de poder: lejos de responder a una necesidad real, es una represalia política contra el colectivo LGBT+, dictada apenas días después de una masiva movilización en defensa de sus derechos y en sintonía con discursos internacionales que buscan restringir sus libertades».
Desde la FALGBT+ señalaron que la propia Ley de Identidad de Género prevé en su artículo 13 que ninguna norma, reglamentación o procedimiento puede restringir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género. «Esto refuerza la inconstitucionalidad del DNU. No estamos ante una simple controversia legal, sino ante una vulneración directa de los principios fundamentales del Estado constitucional y convencional de derecho como paradigma constitucional argentino».
La FALGBT+ invita a todas las niñeces, adolescencias y familias en riesgo por esta medida discriminatoria a tomar contacto con la organización para recibir asesoramiento legal.
