Será la próxima batalla política de envergadura en el Congreso: el gobierno de Mauricio Macri presentará a fin de mes su proyecto de ley de reforma política cuyo eje central será la instrumentación de la boleta única electrónica (BUE) a partir de las elecciones generales del año próximo, al tiempo que evalúa impulsar que las elecciones primarias abiertas y simultáneas (PASO) dejen de ser obligatorias para los votantes.

"No se puede obligar a la gente a votar cuatro veces al año. Además, en el mundo las elecciones primarias son optativas, no compulsivas", esgrimió un encumbrado legislador oficialista, al tanto del diseño del proyecto de ley, aunque aclaró, no obstante, que el tema está "en estudio".

"Evaluamos modificar el sistema y que en las primarias de un partido sólo participen, de manera voluntaria, los afiliados y los votantes independientes."

Ahora bien, ¿qué fin político perseguiría el Gobierno al permitir que las primarias dejen de ser obligatorias? El legislador consultado buscó disipar las suspicacias y afirmó que el propósito es facilitarle la vida al votante. "Hasta ahora el sistema benefició más a la oposición que al oficialismo, porque las primarias ayudaron a ordenar los liderazgos y las candidaturas. En el oficialismo, la conducción habitualmente está más definida", opinó.

El diseño de la reforma política corre por cuenta del equipo que coordina el secretario de Asuntos Políticos de esa cartera, Adrián Pérez, bajo la órbita del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio. La innovación mayor será la BUE que, según adelantaron fuentes legislativas, sólo se instrumentaría en las elecciones generales, no en las primarias. "Sería de imposible aplicación. Pensar que sólo en La Plata en las últimas elecciones internas se presentaron 22 listas", argumentaron.

El sistema de la boleta electrónica se aplicó el año pasado en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Hubo en los últimos años, también, experiencias en la provincia de Salta.

Historia

El sistema de las PASO debutó en las elecciones legislativas de 2011 y se instaló como una suerte de primera vuelta electoral con fuerte influencia política en la posterior elección general.

La ley que lo instrumentó se sancionó en 2009, luego de que el entonces candidato a diputado nacional Néstor Kirchner, cayera derrotado en Buenos Aires frente al empresario Francisco De Narváez.

Con esa norma, el kirchnerismo eliminó la financiación privada de las campañas electorales, aunque nunca reguló el uso de fondos públicos para las campañas oficialistas, lo que solía favorecer al partido de gobierno. Con las primarias, además, buscó evitar que candidatos compitieran por afuera de los espacios políticos.

En su gobierno, Macri quiere instalar también los debates presidenciales de manera obligatoria y una normativa para ordenar las transiciones presidenciales. Pero el punto crucial del debate es quién se hará cargo del escrutinio provisorio. Desde la reforma de 2009 esta instancia estuvo en manos del gobierno nacional, lo que fue fuertemente criticado por la oposición, incluido el partido del Presidente, en la voz de la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Por entonces, los ahora oficialistas, inquietos ante presuntas maniobras de fraude, denunciaban que el kirchnerismo actuaba como juez y parte en cada elección.

Frente al nuevo escenario político, el asunto se vuelve espinoso si se considera que, detrás de la instalación de la BUE, está la compra o contratación de las máquinas correspondientes.

Todo esto formará parte del debate que se viene en el Congreso, que requerirá de amplios consensos legislativos, dado que se debe aprobar con 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.

En la Cámara baja el oficialismo cuenta con 90 representantes, con lo cual deberá alcanzar un acuerdo con el peronismo en sus diferentes vertientes (massismo, justicialismo y kirchnerismo), mientras que en el Senado necesitará sumar a los gobernadores porque allí tienen una fuerte influencia.