González Urrutia compitió como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que nuclea a la oposición al aparato de Nicolás Maduro. Su fórmula fue en representación de María Corina Machado, que había sido descalificada para presentarse en las elecciones en Venezuela.

Pero tras la derrota electoral del 28 de julio -y las protestas masivas y vaivenes mediáticos y judiciales que llegaron hasta la última instancia electoral del país- González Urrutia se refugió en Madrid a principios de septiembre.

El otrora embajador de Venezuela en Buenos Aires tenía una orden de arresto en su país de origen por «reiteradas incomparecencias» ante la fiscalía que lo investigaba por «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, conspiración, sabotaje e instigación a la desobediencia de las leyes».

Algunos de esos cargos se desprendían del hecho de que la PUD mostró sus propias actas electorales para probarle al público que Edmundo González Urrutia realmente había sido el candidato más votado en las últimas elecciones en Venezuela.

Este gesto diplomático del Gobierno de los Estados Unidos en referencia a las elecciones en Venezuela podría ser el último de la era de Joe Biden, que en enero le dejará el puesto al republicano Donald Trump, conocido por un estilo más florido y pragmático con respecto a los países con reservas de petróleo.

Mientras Estados Unidos cambia de color político -siempre dentro de sus límites-, la Cámara de Representantes en Washington DC aprobó el lunes de esta semana un proyecto de ley llamado «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo» por el que impediría al país firmar contratos con actores que mantengan negocios «con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro».