Las organizaciones de los trabajadores, de los empresarios pymes, de los pequeños productores, de las empresas recuperadas por sus trabajadores, de las cooperativas y mutuales y de los movimientos sociales, queremos expresar nuestro firme apoyo a la fijación temporal de precios máximos de 1.432 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero de 2022, definida por la Resolución 1050 de la Secretaria de Comercio Interior de la Nación.
La medida es oportuna e imprescindible ante la evidencia de aumentos desmedidos de precios de productos básicos de la canasta familiar. Resulta por lo pronto por ejemplo paradójico que, cuando la producción y exportación de alimentos alcanza niveles récord y los precios internacionales aumentan, crece en forma paralela la indigencia y la pobreza en un país que se precia de producir alimentos para 400 millones de personas por sus recursos productivos naturales excepcionales.
Apoyamos esta medida como parte de una política que permita atacar las causas de una inflación que castiga fuertemente el bolsillo de los trabajadores activos como pasivos, ya sean registrados o informales, pero también a las Mipymes. Cada incremento con la excusa de “aumento de precios internacionales” en divisas, sin justificación de mayores costos cuando se produce en el país con costos esencialmente en pesos, castiga las condiciones de vida de la mayor parte de la población y es inexorablemente apropiado en forma rentística por sectores privilegiados y la posición dominante de empresas hegemónicas, nacionales y/o transnacionales que monopolizan, entre otros, el sector alimenticio.
Como parte de una política seria y consistente, creemos necesario en el período determinado de 90 días, por un lado, hacer un exhaustivo análisis de las distintas cadenas de valor, para determinar en cada una de ellas dónde y porqué se generan las distorsiones de precios, y que permita actuar en consecuencia. Por otra parte, entendemos esencial, y lo hemos expresado en forma reiterada en comunicados anteriores, la necesidad de generar un Dialogo o Pacto Económico y Social, donde estemos representados todos los sectores y no sea exclusivo patrimonio de quienes, como hoy, no solo se oponen en forma vergonzosa a la fijación de precios máximos, sino que entienden el dialogo solo en función de imponer mayores prebendas para ellos en perjuicio del conjunto de la sociedad.
Repudiamos vehementemente las amenazas patoteriles vertidas por vergonzosos dirigentes del poder económico, advirtiendo sobre desabastecimiento, como así también las presiones generadas y justificadas por sus voceros azuzando un clima de incertidumbre y desestabilización que los argentinos lamentablemente bien conocemos por duras reiteradas lecciones de nuestra historia.
Como expresáramos en nuestro comunicado del 3/10/20: “A la generación de este clima de desestabilización están dirigidas también las maniobras generadas por grupos económicos concentrados y financieros con su correlato de aumentos de precios injustificados, (fundamentalmente en la canasta básica de alimentos) y corridas especulativas en el mercado cambiario para forzar una injustificada devaluación cambiaria”.
Nos ponemos a disposición de la Secretaria de Comercio Interior para apoyar el inmediato cumplimiento estricto de la Resolución 1050. Argentina necesita para salir de la crisis económica y social más producción y trabajo en base al mejoramiento del poder de compra de la población y dinamización del mercado interno. Deben por ello combatirse en forma decidida comportamientos, medidas y acciones regresivas contra el pueblo.
Entidades integrantes
CTA de los Trabajadores; Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT; Confederación General Económica (CGE), Confederación Empresaria de la República Argentina; Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP); Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC); Agrupación Grito de Alcorta; Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP); Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA); Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Auto gestionados (FACTA); Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA); Centro de Estudios Agrarios; Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal (AMRAF), Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación (CADA), Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA), Frente Barrial CTA (FB CTA-T).
