La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó bajo la lupa judicial por una serie de contrataciones realizadas durante 2025 que presentaron diferencias millonarias entre los valores abonados por el Estado y los precios de referencia del mercado. Un informe elaborado dentro del Ministerio de Salud expuso casos con aumentos que oscilaron entre el 300% y el 1000%, aunque algunas operaciones superaron incluso el 2000%.

El documento, que ya forma parte del expediente judicial, apuntó contra compras de sillas de ruedas, andadores, prótesis y equipamiento médico especializado. Según el análisis oficial, existieron “desvíos de precios injustificables” y vínculos societarios y familiares entre proveedores que afectaron la competencia en las contrataciones públicas.

“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, sostuvo el informe.

Uno de los ejemplos que más llamó la atención dentro de la investigación correspondió a la compra de un andador. El Estado pagó un valor que, según el relevamiento oficial, superó en un 4239% el precio de referencia de mercado para un producto de características similares.

También aparecieron observaciones severas sobre adquisiciones de sillas de ruedas. En uno de los expedientes analizados, una factura alcanzó los $19 millones por una unidad destinada a un paciente de Córdoba. Sin embargo, el valor de referencia que utilizó el Ministerio de Salud rondó los $1,2 millones. Otra operación de características similares registró diferencias cercanas a los $15 millones por encima del precio considerado razonable.

El informe además detectó inconsistencias en compras de insumos cardíacos. El 8 de julio de 2025, una contratista recibió $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. La comparación oficial tomó como parámetro una adquisición del PAMI realizada meses antes por el mismo producto, cuyo costo alcanzó los $124,2 millones. La diferencia marcó un incremento del 242%.

La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud firmó el documento el pasado 10 de abril. Desde el Gobierno definieron el texto como “un informe de hallazgos preliminares” y explicaron que las inconsistencias detectadas quedaron a disposición de la Justicia.

La causa investiga un presunto fraude millonario dentro de la Andis y tiene entre los procesados a Diego Spagnuolo, quien ocupó la conducción del organismo durante parte del período bajo análisis. Su defensa afirmó que el expediente no le atribuyó participación directa ni conocimiento de las maniobras investigadas.

En total, el relevamiento oficial reunió 37 facturas emitidas por seis proveedores que cobraron alrededor de $18.100 millones. Entre esas firmas aparecieron Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.

La empresa que más fondos recibió fue Farma Salud, con pagos por casi $7900 millones. Uno de sus principales socios, Osmar Mariano Caballi, quedó citado a declaración indagatoria. Caballi tuvo un breve paso como director general de la Andis durante la gestión de Alberto Fernández.

Los otros socios de la firma, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, rechazaron las acusaciones ante la Justicia. Según plantearon en sus descargos, Caballi acercó nuevos negocios vinculados al área de salud y luego pasó a convertirse en accionista mayoritario de la empresa.

Otra firma observada dentro de la causa fue Bymax Medical. El gerente de la compañía, Patricio Oscar Acosta, es pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la Andis que también quedó procesada. La investigación además conectó a la empresa con Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los operadores con influencia dentro de las contrataciones bajo sospecha.

El expediente judicial también puso el foco sobre el funcionamiento del Siipfis, el sistema digital utilizado para agilizar contrataciones dentro del organismo. Según la hipótesis fiscal, un grupo reducido definía qué empresas participaban en las compulsas de precios y cuáles quedaban afuera.

“Lejos de constituir una garantía de transparencia, terminó funcionando como una herramienta que, bajo la fachada de imparcialidad y automatismo, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada”, sostuvo el fiscal Sergio Picardi en uno de sus dictámenes.

La acusación dividió responsabilidades entre distintos grupos. En la estructura principal aparecieron exdirectivos de la Andis, operadores comerciales y empresarios vinculados a droguerías. Más abajo, la causa incluyó funcionarios de segunda línea, gestores externos, familiares y empleados relacionados con las operaciones investigadas.

En total, la Justicia llamó a indagatoria a 49 personas. Muchas de las defensas intentaron anular el expediente y cuestionaron la validez de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, donde se mencionó un supuesto esquema de coimas dentro del organismo. A fines de abril, el juez Ariel Lijo ordenó un peritaje sobre esos audios.