El conflicto gremial en la empresa Lustramax, ubicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas, continúa profundizándose tras los despidos de trabajadores y delegados sindicales. En las últimas horas, los empleados denunciaron la presencia de un “operativo ilegal” de la Gendarmería Nacional en las inmediaciones de la planta, mientras que desde la firma aseguraron ser víctimas de amenazas y extorsiones.

Según los trabajadores, la fuerza federal no tendría jurisdicción para actuar en la provincia de Buenos Aires y su despliegue tendría como objetivo amedrentar al personal en conflicto. En ese marco, denunciaron que detrás del operativo estaría involucrada la senadora Florencia Arietto y acusaron a la empresa de intentar avanzar con despidos y medidas de flexibilización laboral.

Desde la conducción de Lustramax, el dueño de la compañía, Ezequiel Sosa, rechazó estas acusaciones y afirmó que la planta “está tomada por un grupo político”. En declaraciones radiales, sostuvo que los despidos responden a una necesidad de reordenamiento interno y aseguró que la mayoría de los empleados quiere trabajar pero no puede hacerlo por intimidaciones. “Viví extorsionado, viví cuatro años con miedo hasta que tomé una decisión”, afirmó.

Sosa también denunció amenazas personales y señaló que duerme dentro de la planta desde hace cinco días para “cuidar lo suyo”. Además, calificó la protesta como una usurpación “ilegal” y apuntó contra los delegados despedidos, a quienes acusó de generar conflictos constantes y condicionar el funcionamiento de la empresa con reclamos informales.

Del lado de los trabajadores, la versión es completamente opuesta. Niegan que la empresa atraviese una crisis económica y aseguran que Lustramax obtuvo ganancias millonarias en los últimos años, con jornadas extendidas y horas extras habituales hasta el inicio del conflicto. También denuncian el incumplimiento en el pago del aguinaldo, el bono de fin de año y aportes a las obras sociales, además de jornadas laborales por encima de los límites legales y falta de actualización salarial conforme a paritarias.

En ese contexto, sostienen que los despidos constituyen una persecución sindical y una maniobra para desarticular la organización gremial interna. Consideran ilegales los despidos de los delegados y denuncian un intento de imponer condiciones laborales regresivas.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer la situación al 9 de enero de 2026, con la reincorporación de los despedidos hasta el 3 de febrero. Sin embargo, la empresa dejó constancia en actas oficiales de que no acatará la medida y ratificó los despidos, lo que agravó aún más el conflicto.

Actualmente, la protesta incluye un paro total de actividades, permanencia de los trabajadores en la planta y cortes intermitentes sobre la autopista Panamericana. El conflicto se inició a mediados de diciembre, cuando la empresa anunció un proceso de reestructuración y comunicó inicialmente 29 despidos, cifra que luego se redujo a 15. Sectores gremiales consideran el caso como un “conflicto testigo” ante un posible avance de reformas laborales a nivel nacional.