El dato político más relevante de las últimas horas salió de un círculo muy estrecho y generó inquietud tanto en el oficialismo como en los mercados. Marcelo Bonelli informó en Clarín que Mauricio Macri y Luis “Toto” Caputo mantuvieron una reunión secreta en el Newman Club, donde repasaron el estado real de la economía y los límites del armado político del Gobierno. La charla dejó conclusiones ásperas y abrió un nuevo frente dentro del mileísmo.

De acuerdo con la información que difundió Bonelli, Macri no ahorró críticas. Señaló la falta de orden político en la Casa Rosada y cuestionó la estructura que sostiene a Javier Milei. Advirtió que la desorganización podría dañar el programa económico en etapas clave. También apuntó contra el nuevo Gabinete y remarcó que “no había profesionalismo” en los espacios donde se toman decisiones centrales.

Caputo escuchó en silencio durante gran parte del encuentro, aunque dejó en claro que las disputas de poder afectaron la estabilidad financiera. Según la reconstrucción publicada por Bonelli, el ministro expresó inquietud por las “excesivas promesas” que Diego Santilli transmitió a los gobernadores, compromisos que excedieron el margen fiscal y tensaron las metas acordadas con el FMI.

El tema fiscal ocupó el tramo más delicado de la conversación. Caputo explicó que el Gobierno quedó lejos de los objetivos pactados y evaluó la necesidad de solicitar un waiver por la debilidad en las reservas. Evitó mencionar públicamente otro punto que sí transmitió en privado: no quería pedir un segundo perdón por el desvío de la meta fiscal. En Estados Unidos, el staff del Fondo ya inició consultas técnicas y tomó nota del escenario. La orden política de Donald Trump facilitaría la aprobación, pero el mensaje para Wall Street sería negativo.

Ese contexto complejizó aún más la relación del Ministerio de Economía con los principales inversores del país. El ARCA lanzó un reclamo contra una veintena de grandes empresas por 3.000 millones de dólares, mediante la suspensión de la actualización de quebrantos tributarios. La UIA calificó la medida como una confiscación en un informe elaborado por Carlos Abeledo. Firmas petroleras, siderúrgicas, bancos y energéticas rechazaron la presión y amenazaron con judicializar el caso. Desde la DGI, conducida por Andrés Vázquez, respondieron con amenazas de denuncias penales.

Las tensiones internas se reflejaron también en YPF. Horacio Marín cumplió una orden política, aceptó un monto considerable de deuda y se alineó con la postura del ARCA. La decisión sorprendió en el sector y exhibió las urgencias del equipo económico.

En paralelo, Caputo volvió a tomar deuda doméstica en pesos, con tasas superiores a las que pagaron Jorge Macri en la Ciudad y Maximiliano Pullaro en Santa Fe. La operación recibió apoyo por los incentivos que Economía ofreció a bancos y aseguradoras, pero el debut del nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Lew, quedó lejos del impacto que el Gobierno buscaba transmitir.

A todo esto se sumó un problema de fondo. Las negociaciones por un préstamo de 5.000 millones de dólares avanzaron con cautela. Los inversores defendieron la postura del FMI: primero acumular reservas, luego bajar el riesgo país y al final volver al endeudamiento. Caputo impulsó la estrategia inversa y definió la resistencia con una frase simple: “Están locos”.

El indicador más sensible cerró la escena con otra alerta. La inflación llegó al 2,5% en la última medición y marcó un repunte que se mantuvo desde mayo. En la intimidad del Gobierno admitieron que la política monetaria perdió efectividad como único ancla. El Presidente sostuvo meses atrás que la inflación bajaría a cero en agosto. Ese pronóstico ya quedó desmentido por la realidad.