La amenaza aérea lanzada por el presidente estadounidense encendió alarmas en la administración libertaria, en medio de maniobras militares, presiones diplomáticas y movimientos que involucran a las Fuerzas Armadas argentinas.
Las advertencias que Donald Trump dirigió a Nicolás Maduro generaron un fuerte impacto político en la Casa Rosada. Tras comunicarse con el mandatario venezolano y exigirle que abandone Caracas, el jefe de Estado norteamericano difundió un mensaje en redes sociales que anticipa un clima de tensión inédito en América del Sur y, especialmente, en el Caribe.
«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, expresó el republicano. La señal no pasó desapercibida para la administración del presidente, Javier Milei, identificada por Washington como su aliado prioritario en Latinoamérica.
Mientras tanto, en el Gobierno argentino admiten que si las advertencias militares no abren un canal de diálogo entre Caracas y la Casa Blanca, la región podría quedar al borde de un conflicto de carácter multilateral. La posibilidad de que varios países latinoamericanos integren una fuerza impulsada por Estados Unidos para cercar a Venezuela no es una hipótesis teórica, sino una evaluación que ya se realiza en despachos oficiales, sobre todo en materia de estrategia militar.

En este contexto, volvió a cobrar relevancia un antecedente reciente y poco advertido: la 40ª edición del ejercicio Tradewinds, coordinado por el Comando Sur. Entre el 26 de abril y el 8 de mayo, la Argentina participó por primera vez en su historia, aportando un Hércules C130 con una tripulación reducida. El gesto se interpretó en su momento como un paso más en la cooperación con Estados Unidos, pero derivó en nuevas expectativas del Pentágono. Durante los últimos 70 días, mientras se intensificaba el despliegue naval y aéreo norteamericano, surgió la intención de sumar un buque argentino proveniente del ejercicio UNITAS para integrarlo a las operaciones en aguas caribeñas.
El jefe del Estado Mayor de la Armada, Carlos Allievi, frenó esa posibilidad argumentando que no podía enviarse una embarcación sin capacidades defensivas adecuadas. También sostuvo, según fuentes vinculadas al caso, que cualquier despliegue de este tipo debía contar con autorización del Congreso. El desgaste con el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, se profundizó desde ese episodio, y su salida está en cuenta regresiva con el arribo del jefe del Ejército, Carlos Presti, al gabinete. La tensión también alcanzó al Comando Sur: su titular, Alvin Holsey, presentó su renuncia por diferencias con la estrategia para el Caribe.
La misión que Holsey evitó está siendo ejecutada por su superior, Dan Caine, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, que en los últimos días visitó varios países caribeños vecinos de Venezuela para sumar apoyo. Desde la apertura de fronteras para un eventual desembarco norteamericano hasta la instalación de radares, la operación es considerada la más relevante desde la Guerra de Irak. A la par, Washington mantiene la expectativa de incorporar a Argentina a un esquema ampliado de colaboración para reforzar su presencia en el Mar Caribe.
Los requerimientos militares llegan acompañados de incentivos. Entre ellos, la autorización para que Dinamarca venda 24 aviones F-16 usados y con limitaciones tecnológicas que impidan su eventual utilización en Malvinas. Los primeros seis arribarán el miércoles a Río Cuarto, Córdoba, antes de dirigirse a Tandil. A la par, ya ingresaron los primeros blindados Stryker 8×8, todos de fabricación estadounidense. Son adquisiciones aprobadas por el Pentágono y alineadas con una estrategia diplomática más ambiciosa, que busca incrementar la capacidad argentina para integrarse a operaciones regionales bajo liderazgo norteamericano.
Aunque el vínculo castrense no se interrumpió durante la presidencia de Milei, quedó relegado en las últimas semanas por la negociación de un acuerdo comercial bilateral elaborado según las demandas de Washington. Versiones parecidas ya fueron firmadas por Ecuador, Guatemala y Brasil, pero ahora aparecen como el preámbulo de una etapa más dura que Trump aceleró con sus advertencias al régimen venezolano.
