La administración libertaria ha adoptado un enfoque radical en su intento por reducir la presencia del Estado, justificando sus políticas en una supuesta «ineficiencia» de las empresas públicas. Sin embargo, esta estrategia, lejos de mejorar la economía, ha llevado a varias compañías estatales a una situación financiera precaria. Al priorizar los recortes y la privatización en áreas clave, la gestión ha generado pérdidas económicas y debilitado sectores estratégicos, afectando la estabilidad y la calidad de servicios esenciales para la población.

El presidente Javier Milei promueve un modelo de privatización bajo el argumento de que las empresas estatales son ineficientes. Sin embargo, pareciera ser que él mismo ha contribuido a que estas caigan en dificultades: desde el inicio de su gestión, nueve compañías públicas pasaron de tener superávit a operar en déficit.

Este dato fue revelado en un informe de OCIPEX publicado este domingo. En la presentación, se destacó que «el Estado Nacional tiene participación en más de 100 empresas, donde en 34 de ellas es dueño o accionista mayoritario».

Dentro de estas, hay 32 compañías que reportan sus datos a la Oficina Nacional de Presupuesto. Entre ellas, 21 registraban superávit financiero en el último trimestre de 2023. No obstante, el informe de OCIPEX señaló que «durante el gobierno de Milei ese número bajó a 12 en el primer trimestre de 2024″.

Asimismo, se detalló que «las ventas de las empresas públicas del primer semestre de este año respecto al 2023 tuvieron una caída generalizada en: Aerolíneas Argentinas con un 28%, Correo Argentino y Corredores Viales del 26%, Tandanor del 58% y Nucleoeléctrica del 10%», sumado a la decisión de «quitarle a ARSAT la franja reservada de 100 mhz y el contrato por el cual proveía internet a más de 42 mil escuelas – por más de $60.000 millones anuales según Adorni», lo cual «afecta negativamente la rentabilidad de la empresa».

El informe también advirtió que, nuevamente, «se repite una política de boicot a las empresas públicas, empeorando su servicio, quitándoles contratos y sus principales unidades de negocios». Las únicas excepciones fueron «AySA y Trenes Argentinos«, cuyas ganancias crecieron como resultado del aumento en las tarifas de agua y en el precio del boleto de tren.

Por otro lado, el informe especificó que «producto de la ‘motosierra’, respecto a 2023, la representación total de las transferencias a las empresas públicas pasó del 0,7% del PBI al 0,4%», lo que implica que, aunque «su representatividad en el total del gasto es muy baja, su impacto en el conjunto de la sociedad y en la actividad económica sigue siendo considerable». Además, se reflexionó que «el supuesto problema del déficit es el velo que busca ocultar el gran negocio que implican las privatizaciones».

En este sentido, el análisis de OCIPEX señaló que «las únicas empresas donde aumentaron las transferencias fueron en aquellas donde se despidió a más trabajadores. En Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, no hubo transferencias en 2023 y este año ya se han transferido $58 mil millones, mientras que en Correo Argentino el incremento fue del 40% en comparación con el año pasado».

La gestión libertaria, con su insistencia en reducir el papel del Estado y sus reiterados recortes en las empresas públicas, ha demostrado un impacto significativo en la economía y en la calidad de los servicios que estas brindan. En lugar de fomentar la eficiencia que promete, esta estrategia parece debilitar a las compañías que deberían servir al interés común, mientras prioriza las oportunidades de negocio para el sector privado. Al final, el supuesto ahorro en el gasto estatal podría estar costándole al país en términos de empleo, calidad de servicios y estabilidad económica, profundizando aún más las desigualdades.