Por Daniel Arroyo

Estamos viviendo una verdadera catástrofe social en los últimos meses, que atraviesa a una vasta mayoría de las argentinas y los argentinos. La situación golpea especialmente en los sectores más pobres y afecta el derecho básico a la alimentación. Ya no se trata de un fenómeno de calidad nutricional, sino que estamos ante algo más grave: es evidente que hay un problema de hambre. Por eso consideramos que la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley de emergencia alimentaria es un primer paso para detener la caída social.

Desde 2017 venimos observando un deterioro fuerte de la vida cotidiana y se ha incrementado la cantidad de personas que asisten a merenderos y comedores escolares y comunitarios en todo el país. La acción de los movimientos sociales, de distintas asociaciones civiles y eclesiales, de las maestras que ponen tiempo extra en las escuelas, o de personas que simplemente se juntan para ayudar a sus vecinos, hace que la situación no sea aún más dramática. Sin embargo, la devaluación sufrida en agosto y el traslado a precios en los alimentos y bebidas no alcohólicas –rubros que registraron un alza del 4,5% tan solo en agosto- multiplica la demanda social y los comedores ya no dan abasto. En cada barrio, se hace lo que se puede con lo poco que se tiene.

De acuerdo a cifras oficiales del Indec, la pobreza llegaba al 32% de las personas al finalizar el segundo semestre de 2018; y la indigencia pasó de 4,8% en el segundo semestre de 2017 a 6,7% en el mismo período de 2018. Según estimaciones de universidades públicas, la pobreza podría afectar al 40% de la población y la indigencia al 10% a fines de este año. Un informe reciente de Unicef también advirtió que uno de cada dos niñas y niños es pobre en la Argentina.

La declaración de la emergencia alimentaria es un piso para garantizar lo mínimo: el abastecimiento de merenderos y comedores escolares y comunitarios. El principal objetivo del proyecto es la cobertura de las necesidades nutricionales de niñas y niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. De esta forma, dispone un incremento de como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Y facilita a que se aceleren los procesos licitatorios para la compra de alimentos.

El texto acordado extiende la emergencia alimentaria hasta diciembre de 2022. A partir del 1° de enero del año que viene, el Jefe de Gabinete podrá actualizar de manera trimestral las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ”alimentos y bebidas no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor y la variación de la Canasta Básica Alimentaria.

En tiempos de emergencia, debemos garantizar los derechos básicos para todas y todos los argentinos. Comer no puede ser un privilegio en un país que elabora alimentos para 400 millones de personas.

Nos debe quedar claro que no puede ser lo mismo comer bien que no comer bien, porque el hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integral con recursos suficientes por parte del Estado.

Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional tiene que transformarse en consenso básico y en una política de Estado prioritaria del nuevo contrato social que necesita nuestro país.