La idea novedosa para el sistema político argentino es que el presidente de la nación es quien toma las decisiones; no los grandes grupos económicos concentrados que, apoyados en los grupos mediáticos, gobernaban a través de la presión y el condicionamiento al que sometían al presidente de turno.

Este cuadro de situación se modificó drásticamente. Hoy todos tenemos en claro que con aciertos y errores las decisiones políticas en la Argentina las toma el Presidente de la Nación en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo de la nación.

Sin embargo, el nuevo presidente electo Mauricio Macri decidió no sólo ser portavoz de los sectores concentrados de la economía, sino ser gobernado por sus ministros en un gabinete donde los CEOS empresariales ocupan las primeras líneas como nunca se vio en la historia de la Argentina.

Pero lo novedoso está dado en su subordinación al poder judicial, dicho sea de paso, el único poder que no se modificó con los sucesivos golpes de estado.

Este sector se convirtió en el verdadero partido político del PRO, el partido judicial. Es por esto que se naturaliza en su propia lógica la subordinación del voto popular a la corporación judicial, poniendo a la ciudadanía por abajo del sistema de representación, un retroceso poco antes visto en el sistema de poderes republicanos. El hecho paradigmático es el fallo del poder judicial que hizo lugar al pedido de Mauricio Macri anticipando la finalización del mandato de Cristina Fernández.

Esta discusión es central para el futuro de los 40 millones de argentinos. Más allá del debate que sistemáticamente se instala en los medios de comunicación respecto a 'las formas' y a la tan mencionada 'grieta', subyace de fondo un intento deliberado por parte de quienes concentran el poder económico de volver todo a la normalidad en la Argentina. Esto es, que el presidente de la nación se someta a la presión de grupos económicos internos y externos y que la agenda política se defina por fuera de los intereses de las amplias mayorías.