El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió en abril una resolución que involucra al exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, en observaciones vinculadas a la rendición de cuentas correspondiente al año 2023. En el dictamen, se le aplicó una multa de $1.450.000 y se estableció su responsabilidad solidaria, junto a otros funcionarios del municipio, por un total que ronda los $83,7 millones. En conjunto, las observaciones del Tribunal alcanzan un monto aproximado de $84,1 millones, vinculados a posibles afectaciones al erario público.

Además de Zabaleta, la resolución incluye a distintos funcionarios con cargos de responsabilidad en áreas clave del municipio, entre ellos: Carlos Augusto Dichiara (Hacienda), Gustavo Gabriel Schiariti y Pablo Javier Suárez (Contaduría), Alejandro Torres (Tesorería), Facundo Cadavid y Mario Rafael Ochoa (Obras Públicas e Infraestructura), Damián Alejandro Feu (Seguridad), y Agustín Castro Bravo junto a Juan Ignacio Accattoli (Compras), entre otros.

Entre las cuestiones señaladas, se mencionan alquileres de vehículos que, en algunos casos, no contaron con la documentación completa requerida, como identificación de patentes o titulares. Además, el Tribunal destacó que no se presentó suficiente justificación para ciertos contratos, en especial cuando algunas áreas ya disponían de su propia flota. Por estas razones, se ordenó reservar un análisis más profundo sobre el posible impacto económico de estas contrataciones.

Asimismo, se detectaron pagos a funcionarios bajo los conceptos de “Bonificación por Capacitación” y “Bonificación por Dedicación Exclusiva” que carecieron de la documentación formal necesaria para su respaldo, como decretos, legajos o constancias de formación.

En relación a la obra pública, el Tribunal observó particularidades en la certificación del avance de la refacción del Microestadio de Villa Tesei, ejecutada mediante la Licitación Privada N° 121/23. El primer certificado, que reportaba un avance del 76%, no contaba con las firmas del inspector de obra ni del representante técnico de la empresa adjudicataria, figurando únicamente las de Zabaleta y del secretario de Obras Públicas, Mario Rafael Ochoa. Esto llevó a que el organismo solicitara una revisión sobre la finalización efectiva de la obra, que hasta el momento no se encuentra concluida.

Otro aspecto destacado fue el uso de contrataciones directas en casos donde el procedimiento habitual debería haber sido una licitación pública. Entre ellos, se mencionó la adjudicación de trabajos en las Escuelas N° 3 y N° 25 a la empresa Desarrollos Beccar S.A. por un monto superior a los $168 millones. Según el Tribunal, la justificación presentada para estas contrataciones no se ajustó a los criterios establecidos en la normativa vigente.

El monto total vinculado a Zabaleta, ya sea de manera individual o compartida, asciende a aproximadamente $83,7 millones. A esta cifra se suman observaciones adicionales que, aunque no involucran directamente al exintendente, elevan el total de las observaciones a más de $84 millones. El Tribunal aclaró que, en caso de no presentarse la documentación que respalde los gastos señalados, los responsables podrían quedar sujetos a la devolución de los fondos involucrados.