Desde el momento en que anunció el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial, el Gobierno se propuso aprobarlo en tiempo récord. No porque no haya despertado objeciones, sino por el simple expediente de ignorarlas o de incorporar sólo algunas modificaciones menores. En la noche del miércoles dio un paso definitivo al lograr sancionar los cambios al funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura, la medida más resistida.

El Senado comenzó la sesión a las 13. Antes de abocarse a discutir las cuatro medidas de la reforma judicial que tenía previstas, el oficialismo impuso su número para aprobar los pliegos de 21 conjueces para la Patagonia, pese a las denuncias respecto a una presunta motivación política para tales designaciones.

Un senador de la oposición denunció que el kirchnerismo propuso a uno de los abogados de Lázaro Báez, el empresario amigo del matrimonio Kirchner. "Se está proponiendo como conjuez de la Cámara a uno de sus abogados, el doctor Facundo González Figueroa", apuntó el chubutense Mario Cimadevilla (UCR). "Está casado con la actual secretaria electoral de la Justicia Federal de Río Gallegos. Y la madre de su señora es una de las más allegadas a Alicia Kirchner", agregó.

El Frente para la Victoria dio, además, el visto bueno a una declaración propuesta de la UCR para manifestar su “repudio y preocupación” por las amenazas que recibió el fiscal Guillermo Marijuán, quien investiga el caso de lavado de dinero que estalló en las últimas semanas.

El pleno de la Cámara alta inició el debate sobre la modificación del Consejo de la Magistratura poco antes de las 15. Prácticamente resignada de antemano a que el kirchnerismo haga valer una vez más su mayoría, la oposición se dedicó a plantear los cuestionamientos que ha despertado la iniciativa desde que fue presentada.

Uno a uno, los representantes de las bancadas antikirchneristas explicaron sus objeciones. El radical Gerardo Morales alertó de que el oficialismo pretende "meter mano" en los fondos del Poder Judicial, mientras que su compañero de bloque Ernesto Sanz dijo que la iniciativa busca "controlar un organismo que todavía no puede dominar". Por su parte, Liliana Negre de Alonso (PJ disidente) denunció que se trata de un nuevo intento por "avanzar hacia la suma del poder público".

A las exposiciones de los dirigentes opositores el Frente para la Victoria contestó con enérgicas defensas del proyecto, que eleva el número de miembros del Consejo y establece la elección popular.

La reforma de este cuerpo ya había sido aprobada por la Cámara alta, pero los cambios practicados en Diputados obligaron a un nuevo debate. Las modificaciones realizadas devolvieron atribuciones a la Corte Suprema que en principio pasaban a manos del Consejo –el kirchnerismo accedió a algunos de los puntos pedidos por una entidad de magistrados–, pero también endureció los requisitos para que una fuerza política pueda presentar candidatos a consejeros.

Tras la votación, el pleno de la cámara se abocaba a tratar las medidas restantes: la que establece la publicación de los fallos de los tribunales de todo el país; la que vuelve obligatoria la divulgación de las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales y la que dispone el acceso igualitario –mediante concurso público– del personal a la Justicia y al Ministerio Público Fiscal. Esas tres medidas cuentan en principio con el consenso de la oposición; la última será la única que quede pendiente de sanción, ya que debe regresar a la Cámara baja.

La semana pasada, el oficialismo había conseguido aprobar los dos proyectos que completan el paquete enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso: la que crea tres nuevas cámaras de Casación –en los fueros Contencioso Administrativo, Civil y Comercial, de Trabajo y Seguridad Social– y la que regula la aplicación de medidas cautelares en juicios contra el Estado.