Después de que el presidente Javier Milei designara por decreto a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema, el máximo tribunal tomó juramento al primero de ellos como ministro. Sin embargo, ninguno de los dos pliegos ha sido aprobado por el Senado, lo que llevó a la oposición en la Cámara alta a iniciar conversaciones con el objetivo de tratar y rechazar ambos nombramientos.

«Están en shock», comentaban en los alrededores de un bloque opositor en la Cámara de Diputados en referencia al Senado, que tiene la facultad de frenar los pliegos. Para lograrlo, la oposición debe reunir las firmas necesarias para convocar una sesión y alcanzar dos tercios de los votos de los presentes. En términos concretos: de los 72 senadores, se requieren al menos 37 votos.

Con solo 25 de sus 34 senadores, Unión por la Patria podría bloquear el pliego. Ayer surgió la versión de que la ex presidenta Cristina Kirchner habría dado la orden de rechazar la postulación de García-Mansilla, negociar la inclusión de una jueza mujer—con María de los Ángeles Sacnun como posible candidata—y permitir el ingreso de Lijo.

No obstante, ese plan no contemplaba la jura del magistrado con posturas antiabortistas, quien en su exposición en el Senado en agosto de 2024 había asegurado que no aceptaría ser designado por decreto. En aquella ocasión, García-Mansilla admitió que el asesor presidencial Santiago Caputo le había ofrecido el cargo y es señalado como el juez predilecto de la Casa Rosada.

«Diálogo entre senadores de distintos bloques, hay. Pero no hay definiciones sobre cuál va a ser la estrategia por el momento,», señalaron fuentes del peronismo en la Cámara alta, que dan por hecho que cualquier maniobra se llevará a cabo en completo silencio.

Una fuente cercana a un senador agregó: «Por debajo hay charlas de todo tipo pero básicamente no confían en los radicales, que últimamente dicen una cosa y terminan en otra.»

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) circulan versiones encontradas: unas sostienen que no hay conversaciones con otros bloques, mientras que otras indican que «están hablando todos con todos». «Hay mucha calentura,» comentaron.

La semana pasada, los «boinas blancas» apoyaron a Milei al darle el tercio necesario para bloquear cualquier investigación sobre él y su entorno en relación al escándalo cripto, por el cual se le imputa una presunta estafa con el token $Libra.

Aunque la UCR emitió un comunicado bastante comedido, las protestas fueron más enérgicas por parte de los dos senadores radicales más distantes de la Casa Rosada: Martín Lousteau y Pablo Blanco. El senador fueguino amenazó con pedir una sesión para rechazar los dos pliegos. Por su parte, la senadora por Santa Fe, Carolina Losada, también expresó su repudio a Lijo.

Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿existe unidad de criterio entre los trece integrantes del bloque radical? Voces que recorren los pasillos de la Cámara alta sugieren que hay enojo con la postura del oficialismo, pero los últimos actos de los senadores radicales—como el del jefe de bancada, Eduardo Vischi, que firmó el proyecto para formar una comisión investigadora sobre el escándalo cripto y luego votó en contra—dejan incertidumbre sobre los próximos pasos a seguir.

 

El principal aliado del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, el PRO, expresó su rechazo tajante hacia Lijo. «La mayoría del bloque va a ir en contra de su pliego,» afirmó el jefe de la bancada de senadores del partido amarillo, Alfredo De Ángeli, tras la reunión partidaria del miércoles.

Ese encuentro fue presidido por Mauricio Macri, quien horas más tarde expresó su opinión en su cuenta de Twitter, señalando que los magistrados «que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo». En cuanto a las conversaciones con otros bloques para rechazar los pliegos, fuentes cercanas a la bancada amarilla en la Cámara alta indicaron que «no hay nada concreto.»

Macri también manifestó en su Twitter que «la experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta.» Esto en referencia a que, cuando fue presidente, propuso por decreto a Carlos Rozenkrantz y Horacio Rossatti, dos de los tres cortesanos que hoy juraron a García-Mansilla. Precisamente, este último podría ser el que pase por el filtro macrista.

En diálogo tadial, el secretario General del PRO, Facundo Pérez Carletti, comentó que «hay una consideración distinta» en el partido sobre García-Mansilla en comparación con Lijo. No obstante, recalcó que están en desacuerdo con el nombramiento por decreto de ambos candidatos.

 

Quedan por definirse los bloques provinciales, grandes aliados de la Casa Rosada. «Nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto es un atropello y una amenaza a la división de poderes, porque el Senado debe prestar su acuerdo,» expresó la senadora Alejandra Vigo del interbloque Provincias Unidas.

Desde los alrededores de otro integrante del interbloque, Juan Carlos Romero, señalaron que el senador salteño considera que «no es la forma adecuada de designación» de los jueces, especialmente en lo que respecta a «la seguridad jurídica que necesitan las decisiones de la Corte.» Sin embargo, hay quienes piensan que no existe un criterio uniforme entre todos los miembros de esta bancada.

Se sabe que Francisco Paoltroni, senador por Formosa, rechaza tajantemente a Lijo, hasta el punto de que no alinearse con la orden de apoyar su pliego le costó la expulsión del bloque LLA. En otras bancadas, y entre muchos senadores de los espacios mencionados, predomina el silencio.