La aprobación llegó luego de un prolongado cuarto intermedio forzado por los legisladores que responden al sciolismo -con apoyo de varios sectores de la oposición- con el objeto de introducir la modificación del artículo 35, que ya no solicita acuerdo del Senado para nombrar autoridades de esa fuerza. A partir de la puesta en vigencia de la ley, la designación quedará enteramente en manos de la Suprema Corte.

La sesión se reanudó luego de una extendida negociación entre el vicegobernador Gabriel Mariotto y los sectores referenciados en el sciolismo, un esquema que, a la inversa, había ayudado a promover meses atrás un pedido de informes sobre el gasto en publicidad de la gobernación.

La ley en cuestión modifica fundamentalmente las «competencias» de la fuerza e incorpora una cláusula transitoria que permite ampliar «gradualmente a otros delitos» la injerencia de los efectivos según el criterio de la Procuración.

«La competencia establecida en el artículo 4 se ampliará gradualmente a otros delitos en función de las evaluaciones realizadas por la Procuración General de la Provincia, tomando como base los avances informados respecto a los grados de implementación de la presente ley», señala la cláusula.

Otra de las modificaciones refiere a que «el Cuerpo de Investigadores Judiciales actúa con criterio objetivo, evitando todo tipo de discriminación política, social, económica, religiosa, racial, cultural, ideológica, sexual, de género o de cualquier otra índole. Aporta elementos de convicción a todas las partes de proceso. Se considera falta grave el ocultamiento de elementos de convicción favorables a cualquiera de las partes», cuando antes se refería únicamente a «la defensa».

Además, se modificó el artículo 6, inciso E, que enumera las «incompatibilidades e inhabilidades» para formar parte del Cuerpo de investigaciones. Se optó por que el texto señale: «Haber sido excluido de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas». Estas «faltas», estipulaba en principio, debían «estar relacionadas con las actividades reguladas por la presente», por lo cual se definió su modificación.

La prueba piloto se realizará en 2013 en el departamento judicial de Mar del Plata, mientras que se da un plazo de cinco años para que la fuerza funcione óptimamente en toda la provincia.