El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares tras una votación que terminó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. El proyecto permitió que las provincias ajusten sus normas y definan con mayor autonomía las zonas donde podrá avanzar la explotación minera, en el marco de una nueva definición sobre el ambiente periglacial.

La discusión mostró divisiones que no respondieron a alineamientos partidarios tradicionales. Los intereses provinciales pesaron más que las posiciones de bloque, tanto entre quienes respaldaron la reforma por expectativas de inversión minera como entre quienes cuestionaron su impacto ambiental. La iniciativa pasó ahora a la Cámara de Diputados.

El oficialismo reunió el respaldo de todos los senadores de La Libertad Avanza y sumó apoyos de otros espacios. La mayor parte de la UCR acompañó el proyecto, con la excepción del bonaerense Maximiliano Abad. También votó a favor una parte del interbloque Impulso País, aunque se desmarcaron Alejandra Vigo, Edith Terenzi, Andrea Cristina y Victoria Huala.

El peronismo mostró posiciones divididas. Desde sectores alineados con gobernadores apoyaron Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada. Dentro del bloque Justicialista votaron a favor Sergio Uñac y Lucía Corpacci. La neuquina Silvia Sapag Corroza se abstuvo, mientras que los senadores santacruceños rechazaron la iniciativa.

El Gobierno defendió la reforma en el dictamen y sostuvo que la legislación vigente generó problemas de interpretación. El texto oficial señaló «las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos y económicos, del ámbito público y privado, a la hora de interpretar el verdadero alcance de las disposiciones» y planteó que «las limitaciones a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales deban ser excepcionales».

Durante el debate, los senadores oficialistas destacaron el potencial impacto económico de la norma. Según las estimaciones que circularon en el recinto, cinco proyectos mineros en evaluación podrían representar inversiones por unos 30.000 millones de dólares si la ley quedaba aprobada. En ese contexto, el senador Agustín Coto calificó a la legislación vigente como «un proyecto de chetos».

La oposición cuestionó el trámite parlamentario y señaló que el texto definitivo apareció al momento de la votación. También advirtió sobre los riesgos ambientales y sobre posibles conflictos entre provincias por el uso de recursos hídricos. Los críticos mencionaron la falta de criterios uniformes para la fiscalización y alertaron sobre la inseguridad jurídica que podría surgir de regulaciones distintas según cada distrito.

Antes de la votación, el proyecto recibió dos modificaciones relevantes. Los cambios flexibilizaron el esquema de autorizaciones para la actividad minera, en especial en áreas fronterizas y en cuencas compartidas entre provincias. Uno de los artículos eliminó la intervención obligatoria de la Cancillería en zonas limítrofes, mientras otro retiró facultades de control a los comités de cuenca en territorios interjurisdiccionales.

En la previa de la sesión se registró una protesta ambiental frente al Congreso. Un grupo de activistas ingresó a la explanada tras superar el vallado. La policía detuvo a los manifestantes, que exhibieron carteles contra la reforma.

La reforma introdujo cambios en conceptos centrales de la ley vigente. El proyecto reemplazó la definición de «reservas hídricas existentes» por la de «reservas estratégicas de recursos hídricos». Las autoridades provinciales quedaron habilitadas para determinar qué áreas tendrán carácter estratégico y para intervenir en el Inventario Nacional de Glaciares, con la posibilidad de incorporar o excluir geoformas con instancias de participación ciudadana.

El texto mantuvo el reconocimiento de los glaciares como reservas estratégicas de agua. La norma los definió como elementos esenciales para la recarga de cuencas, el consumo humano, la producción agropecuaria, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo, bajo los principios ambientales establecidos en la Constitución Nacional.